Por Aurelio Nicolella
Cristina Fernández de Kirchner se presentó durante años como una abanderada de los intereses populares, defensora de los derechos de las minorías y protagonista de una transformación destinada, según su propio discurso, a enfrentar a los grandes poderes económicos y mediáticos. En ese escenario, el enfrentamiento con el Grupo Clarín adquirió una dimensión que excedió ampliamente la discusión sobre la Ley de Medios: se convirtió en una de las grandes batallas políticas de su gobierno.
Pero cuando el poder político convierte una disputa con un grupo empresario en el eje de su agenda institucional, surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto las decisiones adoptadas en el fragor de esa confrontación pueden terminar afectando los derechos de ciudadanos que nada tienen que ver con ella?
En 2013, durante aquel clima de enfrentamiento, se sancionó la Ley 26.854, que estableció un régimen específico para las medidas cautelares contra el Estado Nacional. Las medidas cautelares no nacieron con esa ley ni estaban destinadas exclusivamente a resolver el conflicto con Clarín. Sin embargo, el contexto político en el que se debatió y sancionó la norma obliga a examinar sus alcances y sus consecuencias desde una perspectiva constitucional.
Porque las leyes no pertenecen a quienes las impulsan ni quedan limitadas al conflicto que les dio origen. Una norma aprobada en medio de una disputa entre el Gobierno y un poderoso grupo empresario puede proyectar sus efectos sobre cualquier ciudadano que, años después, necesite acudir a la Justicia para proteger un derecho fundamental.
Pensemos, por ejemplo, en una persona mayor que reclama a PAMI la provisión de medicamentos indispensables para su salud, o en un paciente que necesita una prestación médica urgente. Para esas personas, una medida cautelar no es una herramienta de especulación política ni un recurso para enfrentarse con el poder: puede ser la diferencia entre obtener una respuesta a tiempo o sufrir las consecuencias de una demora.
La cuestión, entonces, no consiste solamente en discutir quién ganó aquella batalla política, sino en preguntarnos si las reglas adoptadas en ese contexto garantizan, en todos los casos, una tutela judicial efectiva. Cuando la protección de la salud, la vida o la dignidad humana está en juego, el Estado de Derecho exige que los procedimientos no se conviertan en un obstáculo irrazonable para obtener justicia.
La historia política puede explicar el nacimiento de una ley. Pero no basta para justificar todos sus efectos. Y si una disposición legal, aplicada a un caso concreto, vulnera derechos constitucionales, corresponde examinarla a la luz de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos.
1. ¿Cuándo nacieron las medidas
cautelares?
Las medidas cautelares
constituyen uno de los instrumentos fundamentales de la tutela judicial
efectiva. Su finalidad es evitar que el transcurso del tiempo torne ilusorio el
derecho que una persona reclama ante los tribunales.
No nacieron con el kirchnerismo
ni como consecuencia del enfrentamiento entre Cristina Fernández de Kirchner y
el Grupo Clarín. Su desarrollo responde a una larga tradición del derecho
procesal, vinculada con la necesidad de preservar la eficacia práctica de las
decisiones judiciales.
En el orden nacional, el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación regula estas medidas, entre otras
disposiciones, en sus artículos 195 y siguientes. A su vez, la Constitución
Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos brindan el marco de
protección de los derechos cuya tutela puede requerir una respuesta urgente de
los jueces.
La medida cautelar no es, por
regla, una sentencia definitiva. Es una decisión provisoria, instrumental y
revisable, destinada a impedir que el daño se consume mientras se sustancia el
proceso principal.
Sin embargo, cuando la medida se
prolonga durante años, puede producir consecuencias semejantes a las de una
sentencia definitiva. Es precisamente en esa tensión donde se encuentra uno de
los problemas más importantes del derecho cautelar.
2. El conflicto por la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual
El episodio que puso esta
cuestión en el centro del debate político y jurídico argentino fue el
enfrentamiento entre el Gobierno nacional y el Grupo Clarín por la aplicación
de la Ley 26.522, de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009.
El Grupo Clarín cuestionó
judicialmente distintas disposiciones de la norma. Entre ellas, el artículo
161, que establecía un plazo de adecuación para los titulares de licencias que
debían ajustarse al nuevo régimen.
En octubre de 2009, la empresa
solicitó una medida cautelar que suspendiera el tratamiento legislativo de la
ley. Ese pedido fue rechazado. Después de la sanción de la norma, requirió una
nueva medida para suspender la aplicación de determinados artículos, y el
juzgado interviniente hizo lugar a esa petición.
La discusión dejó de ser
exclusivamente una controversia sobre la constitucionalidad de una ley. Se
convirtió también en un debate sobre la potestad del Poder Judicial de
suspender provisionalmente la aplicación de una norma aprobada por el Congreso
y sobre los límites temporales de esa intervención.
La Corte Suprema de Justicia de
la Nación intervino en distintas oportunidades. En mayo de 2012, precisó el
cómputo del plazo de vigencia de la cautelar que afectaba al artículo 161 y
estableció que la suspensión debía concluir el 7 de diciembre de ese año.
El Tribunal sostuvo que las
medidas cautelares son resoluciones precarias y no definitivas, y advirtió que
no pueden transformarse en un sustituto permanente de la sentencia de fondo. De
lo contrario, una decisión provisoria podría terminar condicionando
indefinidamente la aplicación de una ley.
El precedente dejó una enseñanza
procesal de importancia: una cautelar puede ser necesaria para proteger
derechos, pero su duración y sus efectos también deben ser objeto de control
judicial.
3. La respuesta legislativa: la
Ley 26.854
En abril de 2013, durante la
segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso sancionó la
Ley 26.854, promulgada el 29 de abril y publicada en el Boletín Oficial el 30
de abril de 2013.
La norma estableció un régimen
específico para las medidas cautelares en las causas en las que el Estado
Nacional o sus entes descentralizados fueran parte o intervinieran.
La reforma incorporó reglas
particulares sobre la competencia judicial, los requisitos de procedencia, la
consideración del interés público, la intervención previa del Estado en
determinados supuestos y los plazos de vigencia de las medidas.
Entre sus disposiciones, el
artículo 5 reguló la duración de las cautelares frente al Estado Nacional, con
excepciones y previsiones específicas. El artículo 4 estableció, como regla, un
informe previo de la autoridad pública demandada antes de resolver determinadas
solicitudes cautelares.
La ley también contempló una
tutela diferenciada para determinados derechos y sectores vulnerables, y
estableció exclusiones para ciertos procesos.
De este modo, el legislador
procuró establecer un equilibrio entre dos necesidades constitucionalmente
relevantes: la protección urgente de los derechos de los particulares y la
consideración de los intereses públicos comprometidos en la actuación estatal.
La sanción de la Ley 26.854 se
produjo en el contexto del conflicto político y judicial por la Ley de Medios y
del debate más amplio sobre la reforma de la Justicia. Sin embargo, desde el
punto de vista jurídico, no corresponde afirmar que las medidas cautelares
nacieron a raíz de ese enfrentamiento ni que la ley se limitó exclusivamente al
caso Clarín. Su ámbito de aplicación comprende, con las excepciones previstas,
las causas cautelares en las que interviene el Estado Nacional.
4. ¿Se limitó el poder de los
jueces?
La cuestión central no consiste
en determinar si el Estado debe tener privilegios frente a los ciudadanos, sino
en establecer cómo debe funcionar la tutela judicial cuando una decisión
provisoria puede paralizar una política pública o, en sentido contrario, cuando
la falta de protección urgente puede ocasionar un daño irreparable a una
persona.
Una regulación especial puede
perseguir objetivos legítimos: impedir que una cautelar se prolongue
indefinidamente, exigir que se evalúe el interés público y evitar decisiones
dictadas por jueces que carecen de competencia.
Pero esas reglas también deben
respetar la independencia judicial, el derecho de defensa y el acceso efectivo
a la Justicia. Una restricción procesal que, en un caso concreto, impida
proteger oportunamente un derecho fundamental puede suscitar un problema
constitucional.
Por ello, la Ley 26.854 no puede
analizarse únicamente como una herramienta destinada a facilitar la actuación
del Estado. Debe examinarse a la luz de su finalidad, sus excepciones y su
aplicación concreta en cada proceso.
5. El fallo definitivo sobre la
Ley de Medios
El 29 de octubre de 2013, la
Corte Suprema declaró constitucionales las disposiciones de la Ley 26.522
cuestionadas por el Grupo Clarín, entre ellas los artículos 41, 45, 48 y 161.
Ese pronunciamiento resolvió la
controversia de fondo sobre la constitucionalidad de esas disposiciones. No
debe confundirse con las decisiones cautelares anteriores: una cosa es
suspender provisionalmente la aplicación de una norma mientras se tramita el
juicio y otra, distinta, resolver definitivamente su validez constitucional.
La secuencia histórica resulta
significativa: una ley fue cuestionada judicialmente; una cautelar suspendió
temporalmente la aplicación de determinadas disposiciones; la Corte intervino
sobre la duración de esa protección provisional; el Congreso sancionó un
régimen específico para las cautelares contra el Estado Nacional; y,
finalmente, el Tribunal Supremo resolvió la cuestión constitucional de fondo.
6. Una cuestión que continúa
vigente
La experiencia demuestra que las
medidas cautelares ocupan un lugar delicado en el sistema republicano. Son
indispensables para evitar que la Justicia llegue demasiado tarde, pero no
deberían convertirse en mecanismos que sustituyan indefinidamente una sentencia
definitiva.
Al mismo tiempo, el Estado no
puede invocar genéricamente el interés público para sustraerse del control
judicial o dejar sin protección derechos fundamentales.
La respuesta jurídica exige
examinar cada caso: la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, la
proporcionalidad de la medida, el interés público comprometido y la duración
razonable de la protección.
El desafío consiste en preservar
simultáneamente la eficacia de la jurisdicción y el funcionamiento legítimo de
las instituciones.
La lección que dejó el conflicto
entre el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el Grupo Clarín es que
las medidas cautelares no son un privilegio de los particulares ni un obstáculo
que el Estado pueda eliminar a voluntad: son una garantía procesal cuyo alcance
debe definirse dentro de la Constitución y bajo el control de los jueces.
7. PAMI: cuando el tiempo de la
Justicia puede convertirse en un perjuicio para la sociedad
El problema de las medidas cautelares frente al Estado adquiere una dimensión humana cuando se traslada al ámbito de la salud pública y, en particular, a las prestaciones que debe garantizar el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
Imaginemos a un jubilado que
necesita un medicamento de alto costo, una internación especializada o la
continuidad de un tratamiento de salud mental. El afiliado presenta la
documentación médica, reclama ante el organismo y, ante la falta de respuesta o
una negativa, se ve obligado a promover una acción de amparo y solicitar una
medida cautelar.
En ese escenario, el tiempo no es
una cuestión secundaria. La demora puede agravar una enfermedad, interrumpir un
tratamiento o comprometer la calidad de vida de una persona que, por su edad o
condición, necesita una respuesta inmediata.
La pregunta es inevitable: ¿qué
sentido tiene reconocer judicialmente un derecho cuando la protección llega
demasiado tarde?
La Ley 26.854, sancionada en
2013, estableció reglas especiales para las medidas cautelares contra el Estado
Nacional. Entre ellas, contempla la intervención previa de la autoridad pública
en determinados casos y fija, como regla, límites temporales a la vigencia de
las medidas. Sin embargo, la propia norma reconoce una consideración
diferenciada para situaciones en las que se encuentran comprometidas la salud,
la vida digna, los derechos alimentarios o los derechos de sectores socialmente
vulnerables.
En materia de amparo, el artículo
4 establece un plazo de tres días para que la autoridad pública produzca el
informe previo, sin perjuicio de las excepciones legales. El artículo 5
contempla excepciones al límite temporal ordinario cuando la medida protege los
derechos especialmente enumerados en el artículo 2, inciso 2. Estas previsiones
son relevantes al analizar las solicitudes urgentes vinculadas con prestaciones
de salud.
El problema, por lo tanto, no consiste en afirmar que toda cautelar contra PAMI debe concederse automáticamente. Los jueces deben verificar los requisitos legales, la documentación médica, la urgencia y la existencia del derecho invocado. Pero tampoco puede ignorarse que la aplicación de formalidades procesales sin atender a las consecuencias concretas de la demora puede frustrar la finalidad protectora del amparo.
El perjuicio no recae solamente
sobre el afiliado. También afecta a su familia, que muchas veces debe asumir
gastos extraordinarios, reorganizar sus tareas de cuidado y soportar la
incertidumbre de no saber si podrá continuar el tratamiento de su ser querido.
A ello se suma un efecto
institucional: cuando una persona debe recurrir reiteradamente a los tribunales
para obtener prestaciones que considera indispensables, se deteriora la
confianza en los mecanismos administrativos de resolución de conflictos y aumenta
la judicialización del sistema sanitario.
La solución no pasa por eliminar
los controles sobre las medidas cautelares, sino por garantizar que esos
controles no se conviertan en un obstáculo desproporcionado para la tutela de
derechos fundamentales. La protección de los recursos públicos es legítima,
pero debe armonizarse con la obligación de brindar una respuesta oportuna ante
situaciones de urgencia debidamente acreditadas.
En un Estado constitucional de
derecho, la salud no puede quedar subordinada a una discusión procesal
interminable. La tutela judicial efectiva exige que la respuesta sea adecuada
al riesgo que se procura evitar.
Una medida cautelar en materia de
salud no representa necesariamente un privilegio para quien la obtiene: puede
constituir el instrumento indispensable para que un derecho reconocido por el
ordenamiento jurídico no se transforme en una promesa vacía.
Cuando se legisla para la
coyuntura (política), la sociedad puede pagar las consecuencias durante años
Es así que la sanción de la Ley
26.854, en abril de 2013, durante el gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner, obliga a reflexionar sobre una cuestión que trasciende aquel
enfrentamiento con el Grupo Clarín: ¿deben las leyes responder a las urgencias
políticas de un gobierno o deben construirse pensando en las consecuencias que
tendrán para toda la sociedad, incluso cuando cambien los gobernantes?
Una norma puede ser aprobada en
medio de una disputa política concreta, pero sus efectos no necesariamente
terminan cuando esa disputa concluye. Las reglas que se establecen para limitar
determinadas decisiones judiciales pueden proyectarse sobre miles de ciudadanos
que jamás tuvieron relación alguna con el conflicto que les dio origen.
Así, un jubilado que reclama a
PAMI un medicamento indispensable no es Clarín, no participa de una disputa
entre el Gobierno y un grupo empresario y no debería cargar con las
consecuencias de una confrontación política ajena a su realidad. Sin embargo, necesita
que las herramientas procesales permitan proteger oportunamente sus derechos
cuando la urgencia está acreditada.
De allí la importancia de
legislar con responsabilidad institucional, prudencia y visión de futuro.
Cuando se legisla pensando en la coyuntura política y no en las consecuencias
que esa legislación puede producir mañana, el costo puede terminar recayendo
sobre quienes menos posibilidades tienen de soportarlo: los ciudadanos comunes,
los jubilados y los sectores vulnerables.
Porque los gobiernos pasan, las
mayorías parlamentarias cambian y los conflictos políticos quedan atrás. Las
leyes, en cambio, permanecen y pueden afectar a personas que nunca fueron parte
de la disputa original.
La verdadera calidad de una
legislación no se mide solamente por el objetivo político que persiguió al ser
sancionada, sino también por la justicia de sus consecuencias cuando llega el
momento de aplicarla a la vida real.
Consecuencias jurídicas de la
Ley 26.854
1. Límites temporales a las
medidas cautelares
El artículo 5 establece, como
regla, una vigencia máxima de seis meses para las medidas cautelares contra el
Estado Nacional y de tres meses en procesos sumarísimos y juicios de amparo. La
ley contempla excepciones, entre ellas las vinculadas con determinados derechos
especialmente protegidos. Esto obliga a examinar cuidadosamente el plazo
aplicable en cada caso.
2. Intervención previa del Estado
El artículo 4 dispone, como
regla, que el juez solicite un informe a la autoridad demandada antes de
resolver. El plazo general es de cinco días y, en los amparos y procesos
sumarísimos, de tres días. La ley permite dictar una medida interina ante
circunstancias graves y objetivamente impostergables, y prevé supuestos en los
que puede resolverse sin informe previo.
3. Mayor exigencia para ordenar
prestaciones positivas
El artículo 14 regula las
cautelares que obligan al Estado a realizar una conducta, por ejemplo, brindar
una prestación. Exige acreditar, entre otros extremos, un deber jurídico
concreto e incumplido, una fuerte posibilidad de que exista el derecho reclamado
y un perjuicio grave de imposible reparación ulterior.
4. Consideración del interés
público
La ley exige ponderar el interés
público comprometido y regula especialmente la suspensión de los efectos de
actos estatales. En determinados casos, la apelación contra una cautelar que
suspende una norma o reglamento tiene efecto suspensivo. Esto puede incidir en
el momento en que la protección judicial se hace efectiva.
5. Contracautela y acceso a la
Justicia
El artículo 10 establece, como
regla, una caución real o personal para las medidas contra el Estado Nacional.
Sin embargo, admite caución juratoria cuando se encuentran comprometidos los
supuestos especialmente protegidos por la ley, y el artículo 11 contempla
exenciones, entre ellas para quien actúa con beneficio de litigar sin gastos.
La exigencia debe analizarse según el caso concreto.
El ejemplo más claro: una
cautelar contra PAMI
Imaginemos que un jubilado
necesita un medicamento indispensable y PAMI rechaza su cobertura. El médico
acredita la urgencia y el afiliado promueve un amparo con una medida cautelar
para obtenerlo.
El juez debe evaluar la
documentación médica, la urgencia, el derecho invocado y los requisitos
legales. La Ley 26.854 introduce reglas específicas que pueden incidir en la
tramitación, la decisión y la vigencia de la medida. No obstante, contempla un
tratamiento diferenciado para supuestos relacionados con la salud, la vida
digna y los sectores vulnerables.
El perjuicio potencial aparece
cuando la respuesta judicial no llega a tiempo, la protección provisoria pierde
vigencia o se discute su continuidad mientras persiste la necesidad médica. El
paciente puede verse obligado a solicitar una nueva decisión judicial o a
continuar litigando para mantener una prestación indispensable. No es una
consecuencia inevitable en todos los casos, pero sí un riesgo que debe
examinarse desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva.
¿ES INCONSTITUCIONAL LA LEY DE
CAUTELARES DE CRISTINA KIRCHNER? EL DEBATE QUE SIGUE ABIERTO
La Ley 26.854, sancionada en
2013, modificó las reglas para obtener medidas cautelares contra el Estado
Nacional. Sus límites temporales, requisitos y excepciones plantean una
pregunta constitucional: ¿puede una regulación procesal restringir la protección
urgente de los derechos de los ciudadanos?
1. Una ley nacida en un contexto
de confrontación política
En abril de 2013, durante la
presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso de la Nación
sancionó la Ley 26.854, que estableció un régimen especial para las medidas
cautelares en las causas en las que interviene el Estado Nacional o sus entes
descentralizados. La norma fue publicada en el Boletín Oficial el 30 de abril
de ese año.
La reforma se produjo en un
escenario de fuerte confrontación política y judicial, particularmente marcado
por el conflicto entre el Gobierno nacional y el Grupo Clarín en torno a la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Las medidas cautelares ya
existían en nuestro ordenamiento jurídico. Su finalidad es evitar que el
transcurso del tiempo torne ilusoria la protección de un derecho. La novedad
consistió en establecer reglas particulares para las medidas solicitadas contra
el Estado Nacional.
La cuestión que corresponde
examinar no es solamente cuál fue el contexto político de su sanción, sino
también si todas las restricciones que establece resultan compatibles con la
Constitución Nacional cuando se aplican a situaciones concretas.
2. ¿Qué aspectos de la ley pueden
suscitar cuestionamientos constitucionales?
La Ley 26.854 regula distintos
aspectos del proceso cautelar. Entre ellos se encuentran:
La duración de las medidas: el
artículo 5 establece límites temporales, con excepciones legales.
La intervención previa de la
autoridad pública: el artículo 4 contempla, como regla, un informe previo,
aunque permite medidas interinas ante circunstancias graves y objetivamente
impostergables.
Las medidas positivas: el
artículo 14 fija requisitos específicos para ordenar al Estado que realice una
determinada conducta.
La contracautela: el artículo 10
regula las garantías exigibles para que determinadas medidas tengan eficacia
práctica.
La consideración del interés
público: distintas disposiciones obligan a ponderar las consecuencias de la
medida para la actuación estatal.
Estas previsiones no son
automáticamente inconstitucionales por el solo hecho de imponer requisitos. El
problema constitucional aparece cuando una disposición, aplicada a las
circunstancias de un caso, impide o restringe de manera irrazonable la protección
de un derecho fundamental.
3. La Constitución Nacional como
límite al legislador
El Congreso tiene facultades para
dictar normas procesales y establecer condiciones para el otorgamiento de
medidas cautelares. Sin embargo, esas atribuciones no son ilimitadas.
El artículo 18 de la Constitución
Nacional consagra garantías esenciales del debido proceso y de la defensa en
juicio. El artículo 28 establece que las leyes reglamentarias no pueden alterar
los principios, derechos y garantías reconocidos por la Constitución.
Por su parte, el artículo 43
contempla expresamente la posibilidad de que, en el marco de una acción de
amparo, el juez declare la inconstitucionalidad de la norma en que se funda el
acto u omisión lesiva.
De estas disposiciones surge un
principio fundamental: el legislador puede reglamentar el ejercicio de los
derechos, pero no puede vaciar su contenido esencial ni impedir arbitrariamente
que los tribunales los protejan.
La tutela judicial efectiva exige
que la protección sea real y oportuna. Una sentencia favorable que llega cuando
el daño ya se ha consumado puede resultar insuficiente para reparar
determinadas lesiones.
4. El caso de PAMI: cuando la
demora puede afectar la salud
La discusión adquiere especial
relevancia cuando se trata de personas mayores que necesitan medicamentos,
internaciones o tratamientos indispensables.
Imaginemos a un jubilado al que
PAMI le niega la cobertura de un medicamento prescripto por su médico. Ante la
falta de respuesta administrativa, el afiliado promueve un amparo y solicita
una medida cautelar para evitar la interrupción del tratamiento.
En esa situación, el juez debe
analizar la documentación médica, la urgencia, la verosimilitud del derecho y
las demás circunstancias relevantes.
Si la aplicación de una regla
procesal ocasionara una demora incompatible con la gravedad del riesgo
sanitario, podría plantearse su inaplicabilidad al caso o, subsidiariamente, su
inconstitucionalidad, siempre que exista una lesión constitucional concreta y
debidamente fundada.
No obstante, la Ley 26.854
contempla excepciones y un tratamiento específico para situaciones en las que
se encuentran comprometidas la salud, la vida digna y los derechos de sectores
socialmente vulnerables. Por eso, el análisis debe comenzar por determinar si
esas previsiones resultan aplicables antes de concluir que es necesario
invalidar una disposición.
La cuestión no consiste en
sostener que toda cautelar contra PAMI deba ser concedida automáticamente.
Consiste en impedir que una exigencia procesal se convierta, en las
circunstancias de un caso, en un obstáculo desproporcionado para proteger la
salud.
5. ¿Puede solicitarse la
declaración de inconstitucionalidad?
Sí. En el sistema argentino puede
solicitarse que se declare la inconstitucionalidad de una disposición legal
cuando su aplicación concreta lesiona derechos o garantías constitucionales.
Sin embargo, el planteo debe
reunir fundamentos suficientes. No basta con expresar desacuerdo con la ley ni
con afirmar que fue sancionada en un contexto de confrontación política.
En términos generales, es
necesario:
Identificar la disposición legal
cuya aplicación se cuestiona.
Explicar qué derecho o garantía
constitucional resulta afectado.
Demostrar de qué manera concreta
se produce esa afectación.
Fundamentar por qué la
interpretación conforme a la Constitución o las excepciones previstas por la
propia ley no resultan suficientes para resolver el problema.
Solicitar una decisión judicial
adecuada a las circunstancias del caso.
El artículo 43 de la Constitución
Nacional brinda un fundamento expreso para la declaración de
inconstitucionalidad en el proceso de amparo cuando se reúnen sus requisitos.
Esto no significa que cualquier impugnación deba prosperar: corresponde al
tribunal examinar su procedencia.
6. Un antecedente que merece
atención
En 2015, en una causa iniciada
por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el fiscal federal
Fabián Canda dictaminó a favor de rechazar un planteo de inconstitucionalidad
relacionado con la Ley 26.854. Entre sus argumentos destacó la existencia de
excepciones destinadas a proteger derechos de sectores vulnerables, la salud y
otros intereses especialmente tutelados.
Es importante precisar que aquel
pronunciamiento fue un dictamen fiscal y no debe presentarse como si fuera una
sentencia definitiva de la Corte Suprema que hubiera declarado constitucional
la totalidad de la ley.
El antecedente muestra que el
debate debe considerar tanto las restricciones de la norma como las garantías y
excepciones que incorpora.
7. ¿Inconstitucionalidad de toda
la ley o de artículos determinados?
Desde el punto de vista procesal,
es importante distinguir ambas posibilidades.
Una impugnación integral de la
Ley 26.854 requiere explicar por qué el régimen en su conjunto resulta
incompatible con la Constitución. En cambio, cuestionar uno o varios artículos
permite concentrar el argumento en la disposición que ocasiona la lesión concreta.
En un amparo por prestaciones de
salud, por ejemplo, podría resultar relevante analizar el alcance de los
artículos 4, 5 o 14, según el obstáculo que efectivamente se presente, así como
las excepciones legales aplicables.
La estrategia jurídica dependerá
del caso, de la pretensión principal, de la prueba disponible y de la
interpretación que corresponda efectuar de las normas involucradas.
8. El problema de fondo: el poder
estatal y los derechos individuales
El Estado debe poder defender el
interés público y evitar medidas cautelares arbitrarias o desproporcionadas.
Pero esa facultad no puede convertirse en una inmunidad frente al control
judicial.
Del mismo modo, el Poder Judicial
debe preservar los derechos individuales sin sustituir indebidamente las
decisiones propias de los otros poderes del Estado.
El equilibrio constitucional
exige que las medidas cautelares sean evaluadas según los requisitos legales,
la urgencia, la proporcionalidad y los derechos comprometidos. Cuando se
encuentra en riesgo la salud de una persona, esa evaluación debe considerar
seriamente las consecuencias que podría producir una respuesta tardía.
9. Conclusión: las leyes también
deben responder ante la Constitución
La Ley 26.854 fue sancionada
durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto político
atravesado por fuertes disputas institucionales. Ese antecedente forma parte de
su historia, pero no reemplaza el análisis jurídico de sus disposiciones.
La cuestión decisiva es si, en su
aplicación concreta, la norma respeta las garantías constitucionales y permite
una tutela judicial efectiva.
Una ley no queda exenta del
control de constitucionalidad por haber sido sancionada por el Congreso.
Tampoco se vuelve inconstitucional únicamente por su origen político. Su
validez debe examinarse a partir de su contenido, su interpretación y sus
efectos jurídicos en el caso sometido a decisión judicial.
Cuando un jubilado necesita una
prestación médica urgente, el proceso no puede perder de vista la finalidad de
la Justicia: proteger derechos y evitar daños que, por su naturaleza, pueden
resultar irreparables.
Los gobiernos pasan, las mayorías
cambian y las controversias políticas terminan. La Constitución, en cambio,
continúa siendo el límite que deben respetar todos los poderes del Estado.
Ninguna ley está por encima de ella, y ninguna regulación procesal debería
transformar la tutela judicial efectiva en una promesa vacía.
CRISTINA KIRCHNER Y LA LEY DE CAUTELARES
Cuando el poder político puede proyectar sus efectos sobre los derechos del ciudadano
MAGAZINE DEL DERECHO · Por Aurelio Nicolella
Régimen especial de medidas cautelares contra el Estado Nacional
7. La conclusión central
Una ley aprobada en una coyuntura política puede producir efectos mucho después de terminado aquel conflicto. Los gobiernos pasan, las controversias quedan atrás y las leyes permanecen.
El interés público debe armonizarse con el acceso efectivo a la Justicia y la protección de los derechos fundamentales. Una cautelar no debe sustituir indefinidamente una sentencia, pero las reglas procesales tampoco deben impedir una respuesta urgente cuando está en riesgo un derecho esencial.
MAGAZINE DEL DERECHO · Cuadro sinóptico de acompañamiento a la nota de Aurelio Nicolella.
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES NORMATIVAS
Constitución de la Nación Argentina, artículos 18, 28, 43 y 75, inciso 22.
Ley 26.854. Medidas cautelares en las causas en las que es parte o interviene el Estado Nacional. Texto oficial:
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26854-212680/textoLey 26.522. Servicios de Comunicación Audiovisual. Texto oficial:
https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26522-158649/textoCódigo Procesal Civil y Comercial de la Nación, artículos 195 y siguientes, relativos a las medidas cautelares.
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Grupo Clarín S.A. y otros s/ medidas cautelares, pronunciamientos relativos a la vigencia de la medida cautelar vinculada con el artículo 161 de la Ley 26.522.
Corte Suprema de Justicia de la Nación. Grupo Clarín S.A. y otros c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ acción meramente declarativa, sentencia del 29 de octubre de 2013.
Ministerio Público Fiscal de la Nación. Información institucional sobre el dictamen fiscal referido a la constitucionalidad de la Ley 26.854:
https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/dictaminaron-a-favor-de-la-constitucionalidad-de-la-ley-de-medidas-cautelares-contra-el-estado/
NOTA DEL AUTOR
Las opiniones vertidas en este artículo tienen carácter de análisis jurídico y editorial. Las referencias al contexto político de sanción de la Ley 26.854 no sustituyen el examen de su contenido normativo ni permiten concluir, por sí solas, que la ley sea inconstitucional. La cuestión debe resolverse atendiendo a las disposiciones aplicables, las circunstancias del caso y las garantías reconocidas por la Constitución Nacional.
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