Por Aurelio Nicolella
Aunque suelen utilizarse como sinónimos, los términos femicidio y feminicidio no significan exactamente lo mismo. La diferencia puede parecer menor, pero detrás de cada palabra existe una forma distinta de entender la violencia contra las mujeres y el papel que deben desempeñar las instituciones para combatirla.
En términos generales, el femicidio se refiere al asesinato de una mujer por razones de género. El foco está puesto en el crimen y en la conducta del agresor.
El concepto de feminicidio, en cambio, incorpora una dimensión más amplia. Además del asesinato motivado por razones de género, señala la existencia de contextos de discriminación, impunidad, negligencia estatal o falta de respuesta institucional. Desde esta perspectiva, el problema no se limita al autor material del crimen, sino que incluye las condiciones sociales y estatales que pueden facilitar su repetición.
La situación en Argentina
Argentina incorporó en 2012 la figura del femicidio al Código Penal, estableciendo la pena de prisión perpetua para los homicidios cometidos contra mujeres cuando media violencia de género.
Sin embargo, en ámbitos académicos, organizaciones de derechos humanos y sectores del movimiento feminista también se utiliza el término feminicidio para describir aquellos casos en los que, además del asesinato, existieron fallas institucionales, denuncias ignoradas, medidas de protección insuficientes o investigaciones deficientes.
Por lo tanto, en Argentina la diferencia entre ambos conceptos es principalmente teórica y política, más que jurídica. La ley reconoce el femicidio, mientras que el feminicidio funciona como una categoría de análisis social y académico destinada a examinar los factores estructurales que rodean la violencia de género.
México y el desarrollo del concepto de feminicidio
México es probablemente el país que más contribuyó a la difusión del término feminicidio en América Latina.
La discusión cobró fuerza a partir de los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez durante las décadas de 1990 y 2000. Las críticas por la impunidad y por la actuación de las autoridades llevaron a que el concepto incorporara una dimensión institucional, señalando no solo a los agresores sino también las fallas del Estado.
Con el tiempo, el feminicidio fue incorporado a la legislación mexicana y se convirtió en una figura jurídica específica.
América Latina: distintos nombres para un mismo problema
La región presenta enfoques diversos.
Argentina, Chile y Uruguay utilizan principalmente el término femicidio en sus marcos legales. Otros países, como Bolivia, Guatemala, Honduras y El Salvador, han optado por el concepto de feminicidio o por figuras similares.
Las diferencias terminológicas responden a tradiciones jurídicas distintas, aunque todas persiguen un mismo objetivo: visibilizar y sancionar la violencia extrema contra las mujeres.
Brasil: entre el feminicídio y la violencia doméstica
Brasil incorporó en 2015 la figura del feminicídio a su legislación penal. La norma considera feminicidio al asesinato de una mujer por razones vinculadas a su condición femenina, especialmente cuando ocurre en contextos de violencia doméstica y familiar o cuando existe menosprecio o discriminación hacia las mujeres.
La incorporación de esta figura fue considerada un complemento de la denominada Ley Maria da Penha, una de las principales herramientas jurídicas brasileñas para combatir la violencia doméstica.
A diferencia de Argentina, donde la legislación utiliza el término femicidio, Brasil optó por la denominación feminicídio. Sin embargo, en la práctica ambos países buscan identificar y sancionar de manera específica los asesinatos de mujeres motivados por razones de género.
La diferencia más relevante es que el término elegido por Brasil se acerca a la tradición conceptual desarrollada en otros países latinoamericanos que ponen el acento en el carácter estructural de la violencia contra las mujeres y en la necesidad de respuestas estatales eficaces para prevenirla.
Colombia: feminicidio como delito autónomo
Colombia incorporó el delito de feminicidio en 2015 mediante la denominada Ley Rosa Elvira Cely, llamada así en memoria de una mujer cuyo asesinato conmocionó al país y generó un amplio debate sobre la violencia de género.
La legislación colombiana define el feminicidio como la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos relacionados con su identidad de género.
La norma busca reconocer que estos crímenes poseen características específicas que los diferencian de otros homicidios. Además de establecer penas agravadas, procura garantizar que las investigaciones consideren el contexto de violencia de género en el que pudieron producirse los hechos.
Al igual que México y Brasil, Colombia optó por el término feminicidio, reforzando una tendencia presente en varios países latinoamericanos que consideran necesario visibilizar jurídicamente la dimensión de género detrás de estos asesinatos.
La experiencia colombiana refleja cómo América Latina se convirtió en una de las regiones que más avanzó en la creación de categorías legales específicas para abordar la violencia extrema contra las mujeres.
Europa y Estados Unidos
Fuera de América Latina, la situación suele ser diferente.
En la mayoría de los países europeos, los asesinatos de mujeres son juzgados como homicidios o asesinatos agravados, sin que exista una figura penal específica denominada femicidio o feminicidio. No obstante, organismos internacionales, universidades y centros de investigación utilizan cada vez más el término femicide para estudiar este fenómeno desde una perspectiva de género.
España es uno de los ejemplos más conocidos. Aunque no tipifica el femicidio como delito autónomo, cuenta con legislación especializada en violencia de género y con mecanismos judiciales específicos para abordar estos casos.
Estados Unidos
En Estados Unidos tampoco existe una figura penal federal denominada femicidio. Los crímenes se juzgan bajo las categorías tradicionales de homicidio.
Sin embargo, académicos y organizaciones civiles utilizan el término femicide para analizar asesinatos de mujeres relacionados con la violencia doméstica, la misoginia o la violencia de género.
El caso del Reino Unido
El Reino Unido sigue una lógica similar.
Los asesinatos de mujeres son investigados como homicidios, pero en los últimos años el concepto de femicide ganó relevancia en investigaciones académicas y estadísticas oficiales. La atención se centra especialmente en los asesinatos vinculados con violencia doméstica, control coercitivo, agresiones sexuales y conductas misóginas.
A diferencia de varios países latinoamericanos, el Reino Unido no creó un delito específico de femicidio o feminicidio, sino que aborda el problema mediante políticas de prevención y persecución de la violencia contra las mujeres y niñas.
Una discusión que trasciende las palabras
La principal diferencia entre América Latina y gran parte del mundo occidental radica en que los países latinoamericanos fueron los que más avanzaron en convertir estos conceptos en categorías jurídicas.
Mientras que en Europa y Estados Unidos la cuestión suele abordarse a través de las figuras tradicionales de homicidio, en América Latina se desarrolló un lenguaje legal específico para destacar el componente de género de estos crímenes.
Por eso, el debate entre femicidio y feminicidio no es solamente una cuestión semántica. Se trata de dos maneras de interpretar una misma realidad: la violencia extrema contra las mujeres. Una pone el énfasis en el agresor; la otra amplía la mirada hacia las responsabilidades sociales e institucionales que pueden contribuir a que esos crímenes ocurran o permanezcan impunes.
Comprender esta diferencia permite enriquecer el debate público y reflexionar sobre las herramientas jurídicas, sociales e institucionales necesarias para prevenir una de las formas más graves de violencia que persisten en nuestras sociedades.
