EL CONTRAINTERROGATORIO: SUS EFECTOS, EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y LA NECESIDAD DE FORTALECER SU RELEVANCIA EN LA ARGENTINA. UN ANÁLISIS DESDE EL DERECHO COMPARADO

Por Aurelio Nicolella

 

ÍNDICE

1. Introducción

2. Concepto y naturaleza jurídica del contrainterrogatorio

3. Evolución histórica del contrainterrogatorio

4. Efectos del contrainterrogatorio dentro del proceso penal

4.1. Control de credibilidad

4.2. Producción de información relevante

4.3. Protección del derecho de defensa

4.4. Fortalecimiento de la inmediación judicial

4.5. Legitimación de la decisión judicial

5. El contrainterrogatorio en Argentina

6. La necesidad de fortalecer su relevancia en el sistema argentino

7. Derecho comparado

7.1. Perú

7.2. Italia

7.3. España

7.4. Francia

7.5. Estados Unidos

7.6. Reino Unido

7.7. Chile

7.8. Colombia

7.9. Brasil

7.10. Uruguay

7.11. México

8. Conclusión

9. Bibliografía

 

 

1. Introducción

 

El contrainterrogatorio constituye uno de los instrumentos más sofisticados y trascendentes dentro del proceso penal acusatorio moderno. Su función excede ampliamente la mera formulación de preguntas a un testigo adverso: representa una herramienta de control epistemológico destinada a poner a prueba la credibilidad, consistencia y veracidad de la prueba testimonial producida durante el juicio. En los sistemas adversariales contemporáneos, la verdad procesal no surge de afirmaciones unilaterales sino del enfrentamiento dialéctico entre versiones contrapuestas sometidas al examen crítico de las partes.

 

La importancia del contrainterrogatorio ha sido destacada históricamente por la doctrina anglosajona y, progresivamente, por la literatura procesal latinoamericana. En ese marco, el penalista y catedrático Martín Narducci ha señalado la necesidad de comprender las técnicas de litigación oral no como simples destrezas instrumentales, sino como auténticas garantías orientadas a fortalecer el debido proceso y la contradicción efectiva. Desde esta perspectiva, el contrainterrogatorio se transforma en una expresión concreta del derecho de defensa y de la inmediación judicial.

 

El presente trabajo aborda la evolución histórica del contrainterrogatorio, sus efectos procesales, su situación en Argentina y las razones por las cuales debería recibir una mayor centralidad dentro de la práctica judicial nacional, incorporando además una mirada desde el derecho comparado.

 

2. Concepto y naturaleza jurídica del contrainterrogatorio

 

El contrainterrogatorio puede definirse como el examen que una parte realiza respecto del testigo presentado por la contraparte, con el propósito de verificar, cuestionar o debilitar la credibilidad y eficacia de su declaración.

 

A diferencia del interrogatorio directo, dirigido a construir un relato favorable, el contrainterrogatorio persigue objetivos distintos: evidenciar contradicciones, exponer inconsistencias, demostrar sesgos, revelar defectos de percepción o memoria y, eventualmente, desacreditar al testigo.

 

Su fundamento jurídico descansa en principios esenciales del proceso penal contemporáneo: contradicción, bilateralidad, igualdad de armas, defensa en juicio e inmediación.

 

La doctrina procesal moderna coincide en que la calidad de un sistema acusatorio puede medirse por la amplitud y eficacia de las posibilidades reales de contradicción otorgadas a las partes.

 

3. Evolución histórica del contrainterrogatorio

 

Los antecedentes históricos del contrainterrogatorio pueden rastrearse hasta el derecho romano, aunque con características rudimentarias. En ese contexto existían formas limitadas de confrontación entre acusadores y testigos, pero no una técnica estructurada como la conocida actualmente.

 

Durante la Edad Media, el sistema inquisitivo redujo significativamente la participación de las partes. La investigación y producción probatoria quedaron concentradas en el juez, limitando la contradicción y relegando la intervención defensiva.

 

La consolidación moderna del contrainterrogatorio surgió principalmente en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. La transición hacia un modelo adversarial fortaleció la oralidad y el protagonismo de las partes.

 

Uno de los desarrollos doctrinarios más relevantes fue impulsado por juristas anglosajones que consideraban al “cross-examination” como el método más eficaz para descubrir falsedades.

 

La célebre frase atribuida a John Henry Wigmore describió al contrainterrogatorio como “el mecanismo jurídico más poderoso jamás inventado para el descubrimiento de la verdad”.

 

Posteriormente, la experiencia estadounidense profundizó estas técnicas mediante reglas de evidencia, estrategias de litigación y criterios de admisibilidad probatoria.

 

América Latina comenzó a incorporar estas herramientas con las reformas procesales acusatorias desarrolladas durante las últimas décadas del siglo XX.

 

4. Efectos del contrainterrogatorio dentro del proceso penal

 

Los efectos del contrainterrogatorio exceden la dimensión meramente técnica.

 

4.1) Control de credibilidad

 

Permite evaluar si el testigo presenta contradicciones internas, intereses personales, defectos de memoria o posibles sesgos.

 

4.2) Producción de información relevante

 

No sólo destruye información; muchas veces permite obtener nuevos datos útiles para la teoría del caso.

 

4.3) Protección del derecho de defensa

 

El derecho a confrontar testigos constituye una garantía fundamental de raíz constitucional.

 

4.4) Fortalecimiento de la inmediación judicial

 

La observación directa del intercambio entre litigantes y testigos posibilita al juez valorar elementos imposibles de advertir mediante registros escritos.

 

4.5) Legitimación de la decisión judicial

 

Una sentencia adquiere mayor legitimidad cuando la prueba ha atravesado mecanismos efectivos de contradicción.

EL PRINCIPIO DE LA COMUNIDAD DE LA PRUEBA DESDE UNA PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL Y DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

Por Aurelio Nicolella

Dentro del derecho procesal moderno, uno de los principios más relevantes en materia probatoria es el denominado principio de la comunidad de la prueba (Principio dell’acquisizione processuale). Conforme a esta regla, los elementos probatorios incorporados válidamente al expediente dejan de pertenecer exclusivamente a la parte que los ofreció y pasan a integrar el patrimonio común del proceso.

El padre del derecho moderno italiano Giuseppe Chiovenda con respecto a este instituto ha manifestado que: “el proceso no sirve al interés privado de las partes sino a la actuación de la voluntad de la ley” desde el mismo punto de visto otro gran doctrinario del derecho italiano y discípulo de Chiovenda, Enrico Tullio Liebman explicó que “los actos procesales, especialmente la prueba, producen efectos para el proceso mismo y no únicamente para quien los impulsa”

La consecuencia de ello es trascendental: una vez producida la prueba, esta puede beneficiar o perjudicar indistintamente a cualquiera de las partes, e incluso servir de fundamento para la decisión judicial aun cuando resulte contraria a los intereses de quien la impulsó originalmente.

El principio encuentra sustento en la idea de que el proceso judicial no constituye una mera confrontación estratégica entre litigantes, sino un instrumento destinado a la reconstrucción de los hechos y a la obtención de la verdad jurídica objetiva. Por ello, la prueba no es concebida como una propiedad privada de las partes, sino como un elemento destinado al esclarecimiento judicial del conflicto.

El principio de la comunidad de la prueba constituye una de las manifestaciones más relevantes del moderno constitucionalismo procesal. Su importancia excede el ámbito meramente técnico o procedimental, pues se vincula directamente con garantías fundamentales como el debido proceso, la igualdad de armas, la defensa en juicio y la tutela judicial efectiva.

Tradicionalmente, este principio sostiene que la prueba válidamente incorporada al expediente deja de pertenecer exclusivamente a la parte que la produjo y pasa a integrar el patrimonio común del proceso. En consecuencia, el juez puede valorarla con independencia de quién la haya ofrecido, y cualquiera de las partes puede invocarla en sustento de su posición jurídica.

Sin embargo, detrás de esta formulación clásica subyace una dimensión constitucional mucho más profunda: la prueba no está orientada únicamente a satisfacer el interés estratégico de los litigantes, sino a permitir que el órgano jurisdiccional alcance una decisión justa, fundada y compatible con la verdad procesal.

 

La prueba como instrumento de verdad y justicia

En el paradigma constitucional contemporáneo, el proceso judicial ya no puede ser entendido como un escenario de mera disputa formal entre partes. Por el contrario, constituye un mecanismo institucional destinado a garantizar derechos fundamentales mediante decisiones razonadas y legítimas.

En este contexto, el principio de comunidad de la prueba evita que los elementos probatorios queden subordinados a la voluntad exclusiva de quien los aportó. Una vez incorporada al proceso, la prueba adquiere una función pública vinculada a la correcta administración de justicia.

Ello responde a una idea central: la búsqueda de la verdad procesal constituye una exigencia constitucional derivada del debido proceso y de la obligación estatal de brindar una tutela judicial efectiva.

Así, el juez no debe limitarse a observar pasivamente la actividad de las partes, sino valorar integralmente el material probatorio disponible, incluso cuando este favorezca a quien no produjo originalmente la evidencia.

 

Vinculación con la tutela judicial efectiva

La tutela judicial efectiva exige que toda persona tenga acceso a una resolución fundada, razonable y basada en una adecuada valoración de los hechos del caso.

Dicha garantía, reconocida en numerosos textos constitucionales y en instrumentos internacionales de derechos humanos, implica no solo el acceso formal a los tribunales, sino también el derecho a obtener una decisión judicial verdaderamente justa.

Desde esta perspectiva, el principio de comunidad de la prueba cumple una función esencial: impedir que prevalezcan obstáculos formales o estrategias procesales incompatibles con el esclarecimiento de los hechos relevantes.

La valoración integral de la prueba producida fortalece:

Igualdad procesal

El principio de igualdad procesal constituye una derivación directa del debido proceso y de la garantía de defensa en juicio. Supone que las partes deben contar con oportunidades razonablemente equivalentes para ejercer sus derechos, ofrecer prueba, controvertir la producida por la contraparte y participar activamente en el proceso.

Desde la perspectiva del principio de comunidad de la prueba, la igualdad procesal se fortalece porque los elementos incorporados válidamente al expediente no quedan reservados al interés exclusivo de quien los produjo. La prueba pasa a integrar el patrimonio común del proceso y puede ser utilizada por cualquiera de las partes en sustento de sus pretensiones o defensas.

Ello evita situaciones de apropiación estratégica de la actividad probatoria y contribuye a equilibrar las asimetrías que muchas veces existen entre los litigantes, especialmente en procesos donde una de las partes posee mayores recursos económicos, técnicos o institucionales.

La igualdad procesal, en consecuencia, no exige una igualdad meramente formal, sino una efectiva posibilidad de participación y contradicción dentro de un proceso orientado a la justicia material.

 

Transparencia de la decisión judicial

La transparencia judicial exige que las decisiones jurisdiccionales se encuentren sustentadas en criterios objetivos, verificables y racionalmente explicables.

El principio de comunidad de la prueba favorece esta transparencia porque obliga al juez a valorar integralmente todo el material probatorio incorporado al expediente, sin excluir arbitrariamente elementos relevantes debido a quién los haya aportado.

De este modo, la sentencia deja de aparecer como el resultado de apreciaciones subjetivas o discrecionales y se presenta como la consecuencia razonada de una evaluación global de la prueba producida.

La transparencia también cumple una función democrática e institucional: permite a las partes y a la sociedad controlar la razonabilidad de las decisiones judiciales y fortalece la confianza pública en la administración de justicia.

En un Estado constitucional de derecho, la legitimidad del poder judicial depende en gran medida de la claridad y verificabilidad de sus fundamentos.

 

Motivación de las sentencias

La motivación de las sentencias constituye una exigencia esencial del debido proceso y una garantía contra la arbitrariedad judicial.

Una resolución judicial adecuadamente fundada debe: identificar los hechos relevantes; individualizar la prueba valorada; explicar el razonamiento lógico seguido por el tribunal y justificar la solución jurídica adoptada.

En este contexto, el principio de comunidad de la prueba impide que el juez ignore selectivamente evidencia incorporada válidamente al proceso. Toda prueba relevante debe ser ponderada y su valoración debe exteriorizarse de manera razonable en la sentencia.

La motivación no cumple únicamente una función formal. Su verdadera finalidad es demostrar que la decisión judicial surge de una deliberación racional y compatible con los principios constitucionales.

Cuando una sentencia omite considerar prueba relevante, fragmenta arbitrariamente el análisis probatorio o se limita a afirmaciones dogmáticas sin fundamentación suficiente, puede configurarse una afectación al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

 

DELITOS SEXUALES: CUANDO LA VERDAD PROCESAL SE JUEGA EN LA PERICIA

Por Aurelio Nicolella

 

Según el doctrinario penalista y criminalista lomense Martín Narducci, manifiesta que en las causas sobre delitos sexuales terminan siendo más causas periciales que causas jurídicas.

Muchos se preguntan, ¿por qué?, el mismo Narducci nos aclara al respecto: “Que la idea es provocadora, pero no es que sean más periciales que jurídicas” en sentido estricto. Siguen siendo causas jurídicas, se juzgan conforme a la ley y las garantías, pero dependen de manera particularmente intensa de la prueba pericial. Dicho mejor: en delitos sexuales, la pericia no reemplaza al derecho, pero suele ser el eje probatorio sobre el que se construye la decisión judicial”

En los procesos por delitos contra la integridad sexual, la discusión no gira únicamente, ni principalmente, sobre la interpretación normativa. El punto crítico suele estar en la reconstrucción de hechos que ocurren en la intimidad, sin testigos directos y con escasa evidencia material. En ese escenario, la prueba pericial adquiere un rol central.

A diferencia de otros ilícitos donde la materialidad puede acreditarse con documentos, registros o múltiples testigos, en estos casos el proceso se apoya en disciplinas auxiliares: psicología, psiquiatría, medicina legal. Informes sobre credibilidad del relato, indicadores de trauma, compatibilidad médico-forense de lesiones y evaluaciones del contexto vincular pasan a ser piezas clave.

Este desplazamiento hacia lo pericial no es casual. Responde a cuatro factores estructurales:

 

1. Naturaleza del hecho:

Los delitos contra la integridad sexual presentan una particular complejidad probatoria derivada de su propia naturaleza. Se trata, en la mayoría de los casos, de conductas que acontecen en ámbitos de privacidad o clandestinidad, alejados de la percepción pública y sin la presencia de terceros ajenos al hecho. Esta característica estructural provoca que, frecuentemente, no existan testigos presenciales ni evidencia directa inmediata, circunstancia que diferencia a estos ilícitos de otros delitos comunes.

La dinámica típica de estos hechos suele desarrollarse en contextos de intimidad, confianza, dependencia, subordinación o vulnerabilidad de la víctima, lo que contribuye al silencio posterior, a la demora en la denuncia y a la escasez de elementos materiales de corroboración. En muchos supuestos, el agresor procura precisamente garantizar esa ausencia de publicidad, aprovechando relaciones de poder, cercanía familiar, autoridad o superioridad psicológica.

Por ello, el proceso penal en materia de delitos sexuales exige una valoración probatoria especialmente cuidadosa y profunda. En este marco, el relato de la víctima adquiere una relevancia central, no por una presunción automática de veracidad, sino porque muchas veces constituye la principal fuente de reconstrucción histórica del hecho investigado. La jurisprudencia y la doctrina coinciden en que dicho testimonio debe analizarse conforme a criterios de coherencia interna, persistencia en el tiempo, ausencia de contradicciones sustanciales y compatibilidad con los restantes elementos periféricos de prueba.

En consecuencia, la tarea jurisdiccional consiste en armonizar dos exigencias fundamentales del Estado de Derecho: por un lado, evitar la impunidad de conductas que, por su modalidad comisiva, suelen ejecutarse sin publicidad; y, por otro, preservar incólumes las garantías constitucionales del imputado, particularmente el principio de inocencia y la necesidad de certeza para dictar condena. De allí que la valoración de la prueba en estos casos deba realizarse mediante una interpretación racional, integral y libre de prejuicios, tanto revictimizantes como meramente incriminatorios.

 

2. Dificultad probatoria:

La evidencia física puede ser inexistente, tardía o ambigua. De allí la relevancia de la pericia médica (cuando existe) y, sobre todo, de la evaluación psicológica (Camara Gesell), que busca identificar patrones compatibles con experiencias de abuso.

En los delitos contra la integridad sexual, la dificultad probatoria constituye una de las principales complejidades del proceso penal. Ello se debe a que, en numerosos casos, los hechos ocurren en ámbitos de intimidad, como se dijo en el punto anterior, sin testigos directos y sin dejar rastros físicos constatables. La evidencia material puede resultar inexistente, tardía, insuficiente o ambigua, especialmente cuando la denuncia se formula tiempo después del hecho investigado.

En este contexto, adquieren singular relevancia los informes periciales interdisciplinarios. La pericia médica, cuando es posible realizarla, puede aportar indicadores objetivos vinculados a lesiones, signos compatibles con violencia o elementos biológicos de interés criminalístico. Sin embargo, la ausencia de lesiones físicas no excluye ni desvirtúa, por sí sola, la existencia del abuso sexual, particularmente en supuestos donde media intimidación, manipulación psicológica o situaciones de vulnerabilidad.

Por ello, la evaluación psicológica y psiquiátrica cobra un rol central dentro de la actividad probatoria. Su finalidad no consiste en determinar la veracidad jurídica del hecho, función exclusiva del órgano jurisdiccional, sino en detectar indicadores emocionales, conductuales y discursivos compatibles con experiencias traumáticas de índole sexual. Tales pericias permiten analizar fenómenos como el relato fragmentado, la reviviscencia del trauma, mecanismos de evitación, sentimientos de culpa, dependencia afectiva o indicadores de victimización, elementos frecuentemente presentes en este tipo de delitos.

La jurisprudencia argentina ha reconocido reiteradamente que, dada la naturaleza clandestina de estos hechos, el testimonio de la víctima adquiere especial relevancia, siempre que resulte coherente, persistente y se encuentre corroborado por otros elementos periféricos de prueba, entre ellos las pericias psicológicas y los informes interdisciplinarios. En tal sentido, la valoración de la prueba debe efectuarse conforme a las reglas de la sana crítica racional y con perspectiva de vulnerabilidad, evitando tanto prejuicios estereotipados como automatismos incriminatorios.

Por ello tenemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido reiteradamente que en los delitos de índole sexual la declaración de la víctima adquiere un valor singular, en tanto los hechos suelen ocurrir en la intimidad, sin testigos.

En línea con ello, la jurisprudencia ha admitido que el testimonio de la víctima puede ser suficiente para fundar una condena, siempre que supere estándares de credibilidad, coherencia y persistencia en la incriminación, y se encuentre corroborado por elementos periféricos.

Este criterio también ha sido recogido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que ha señalado que la ausencia de prueba directa no impide la acreditación del hecho, siempre que el plexo probatorio resulte convergente y razonablemente concluyente.

 

3. Centralidad de la víctima:

El proceso contemporáneo, en línea con estándares internacionales, reconoce a la víctima como sujeto de derechos. Su declaración, tomada bajo protocolos adecuados (evitando revictimización), no es un mero indicio, sino una fuente probatoria relevante que debe ser analizada con rigor técnico.

Ahora bien, este protagonismo de la pericia abre tensiones que el derecho no puede ignorar. La primera es epistemológica: la psicología no ofrece certezas absolutas sobre la veracidad de un relato; aporta probabilidades, coherencias, indicadores. La segunda es garantista: el juez no puede delegar la decisión en el perito. La valoración de la prueba sigue siendo función indelegable del órgano jurisdiccional, bajo reglas de sana crítica y con pleno respeto al principio de inocencia.

En este punto, la clave no es elegir entre “lo jurídico” y “lo pericial”, sino articular ambos planos. La pericia orienta, contextualiza y aporta conocimiento especializado; el derecho ordena, limita y decide. Cuando esa articulación funciona, el proceso logra equilibrar dos exigencias difíciles: proteger eficazmente a la víctima y preservar las garantías del imputado.

En definitiva, como venimos sosteniendo en este ensayo, las causas por delitos sexuales no dejan de ser jurídicas, pero exigen un derecho que sepa dialogar con la ciencia. Allí se juega, muchas veces, la posibilidad de alcanzar una verdad procesal razonable. 

INTERPRETACION DE LA ACCION DE AMPARO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. LA PROBLEMATICA PLANTEADA EN LA LEY

Por Aurelio Nicolella

La acción de amparo constituye uno de los instrumentos más relevantes del constitucionalismo bonaerense contemporáneo para la tutela urgente de derechos fundamentales. En la Provincia de Buenos Aires, su regulación específica se encuentra contenida en la Ley 13.928, que articula el mandato otorgado por el artículo 20 inciso 2° de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, configurando asi un proceso expedito, excepcional y de naturaleza subsidiaria.

Recorriendo un poco la historia podemos ver que el amparo fue concebido como la herramienta por excelencia para garantizar una tutela judicial rápida, efectiva y sin dilaciones frente a la vulneración de derechos fundamentales. Pero debemos acotar que en nuestra Provincia de Buenos Aires, esa proposición, consagrada en el artículo 20 inciso 2 de la Constitución provincial y que se encuentra reglamentada por la Ley 13.928, no pocos casos la misma se encuentra vacía de contenido real.

Lejos de ser una vía ordinaria, el amparo se presenta como un remedio extremo frente a situaciones de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, cuando los mecanismos tradicionales resultan ineficaces o tardíos.

Al analizar la naturaleza jurídica y finalidad del amparo bonaerense podemos determinar o apreciar que es un proceso:

a. Constitucional, por su fundamento directo en la Carta provincial;

b. Sumarísimo, en virtud de su estructura procedimental abreviada;

c. Subsidiario, ya que solo procede ante la inexistencia de vías idóneas, esto último significa en términos legales, que el amparo no es la primera opción a la que se puede recurrir, sino una vía de último recurso, lo que determina ello que ya se han agotado todas las vías anteriores.

Su finalidad es brindar una tutela rápida y efectiva frente a actos u omisiones que lesionen derechos fundamentales, ya sea por parte del Estado o de particulares.

En este sentido, la doctrina ha destacado que el amparo no sustituye los procesos ordinarios, sino que actúa como una garantía residual, activándose únicamente cuando la demora jurisdiccional puede tornar ilusorio el derecho invocado.

Desde el punto de vista de muchos doctrinarios “lo que debía ser un remedio heroico frente a la arbitrariedad estatal o privada, se ha transformado muchas veces en un laberinto de obstáculos formales”, donde la urgencia del derecho se diluye en interpretaciones restrictivas.

LA TUTELA URGENTE INUADITA PARTE EN LA ACORDADA 4099/23 DE LA SUPREMA CORTE DE LA PROVINCIA BONAERENSE: ENTRE SU EFICACIA PROTECTORIA Y LAS GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO

 

Por Aurelio Nicolella

Es necesario precisar que las consideraciones que se emiten en este humilde análisis de la Acordada 4099/2023 no implican, en modo alguno, un cuestionamiento a la validez ni a la finalidad protectoria de la Suprema Corte de Justicia de nuestra provincia, cuya orientación resulta legítima y necesaria frente a la gravedad de los fenómenos de violencia familiar y de género. Al contrario, la postura aquí sostenida parte de un rechazo categórico a toda forma de violencia sea esta física, psíquica o simbólica, y desde ya como hombre del derecho reconozco la obligación indeclinable que tiene el Estado sea nacional o provincial de brindarle respuestas eficaces y oportunas a las víctimas.

El análisis crítico de esta nota se circunscribe, solo y exclusivamente, a la necesidad de que dichas respuestas se articulen dentro de un marco de legalidad, razonabilidad y control. En tal sentido, y desde una concepción que reconoce al derecho constitucional como el eje estructural, “el alma mater” de todo el orden jurídico, se advierte que la urgencia protectoria no debe derivar en la afectación de garantías fundamentales que integran el núcleo esencial del Estado de Derecho.

 

La Acordada 4099/23 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA) consolida un criterio operativo claro en materia de violencia familiar y de género: la obligación de los órganos jurisdiccionales de adoptar medidas de protección urgente inaudita parte, es decir, sin audiencia previa del presunto agresor.

Dicha finalidad es evidente: evitar que la demora judicial frustre la protección de la víctima en contextos de riesgo. Sin embargo, este mecanismo proyecta una tensión estructural entre dos pilares del sistema jurídico: la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa en juicio.

Lejos de ser un debate meramente técnico, la cuestión interpela el modelo de justicia que se pretende consolidar en el ámbito provincial bonaerense.

El eje normativo que legitima este tipo de intervención urgente se encuentra en el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que dispone:

“La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes. La ley establecerá procedimientos ágiles y eficaces para la protección de los derechos.”

Este precepto no se limita a garantizar el acceso a la jurisdicción, sino que impone una obligación positiva: brindar respuestas judiciales rápidas, útiles y eficaces.

En este marco, la adopción de medidas inaudita parte aparece como una consecuencia lógica: frente a un riesgo actual o inminente, la inacción o la dilación judicial comprometen la responsabilidad estatal.

El esquema se ve reforzado por la Ley 15.232 de la Provincia de Buenos Aires, que introduce un cambio de paradigma en el proceso. La norma reconoce a la víctima como titular de derechos específicos, entre los que se destacan: el derecho a la protección inmediata frente a situaciones de riesgo; el derecho a recibir un trato digno y evitar la revictimización; el derecho a la adopción de medidas urgentes de resguardo, incluso en etapas iniciales; y el deber estatal de actuar con debida diligencia reforzada.

Así, la intervención judicial temprana deja de ser una facultad discrecional para convertirse en una obligación jurídica. El dictado de medidas sin audiencia previa no es ajeno al derecho procesal. Las medidas cautelares tradicionalmente han admitido este mecanismo cuando existe peligro en la demora.

Sin embargo, la Acordada 4099/23 intensifica este criterio, desplazando el eje desde la excepcionalidad hacia una lógica de actuación casi inmediata frente a la verosimilitud del riesgo.

EL PRINCIPIO DE LA DEMOCRACIA ESTA EN EL MUNICIPIO

Por Aurelio Nicolella

Hablar de municipio suele ser dificultoso y, por lo tanto, no es tarea fácil.
En un lenguaje vulgar, la palabra o término “municipio” es generalmente usado en sentido vago y abstracto.

Al común de los habitantes de un municipio, suelen confundirla con los servicios básicos, como recolección de residuos, habilitaciones comerciales o entrega de licencias de conducir, etcétera. Sin embargo, un municipio es mucho más que ello: no es servicio básico sino servicio público.

Ciertamente, municipio, comuna, o sus formas españolas de alcaldía o ayuntamiento, son la entidad administrativa que agrupa a los vecinos de un determinado territorio que se encuentra definido por sus límites.

La característica principal es que entre sus habitantes existe la proximidad y la vecindad. Su particularidad se centra en el conocimiento de los problemas e inquietudes de sus habitantes, o eso debería ser.

El Municipio puede ser definido, entonces, desde un doble punto de vista: sociológico y jurídico. Por ello, es considerado la organización básica de la administración del estado. Al ser un territorio pequeño es donde las relaciones del poder público con los gobernados son mas directas, se tiene acceso más sencillo a las decisiones de dirección o gobierno de esa pequeña  área y un contacto más cercano con las autoridades: gobernantes y gobernados se ven la cara.

En el caso de nuestro país, la República Argentina, país federal, los municipios son considerados como el tercer nivel de gobierno, después del nacional o federación, y el provincial o entidades federativas.

REINCIDENCIA DELICTIVA EN LA ARGENTINA: ENTRE LA IRRESPONSABILIDAD LEGISLATIVA Y LA COMPLACENCIA JUDICIAL

Por Aurelio Nicolella

La persistente reincidencia delictiva en la Argentina, con particular crudeza en el conurbano bonaerense, no es un accidente del sistema, sino su resultado más elocuente. Lejos de tratarse de una falla marginal, la reiteración del delito expone la inconsistencia de la política criminal y la preocupante falta de rigor en su aplicación por parte de los operadores judiciales.

En el plano legislativo, el diagnóstico es claro: se ha consolidado una práctica de producción normativa espasmódica, guiada más por la coyuntura mediática que por criterios técnicos. El Código Penal de la Nación Argentina ha sido objeto de reformas fragmentarias, muchas veces contradictorias entre sí, que responden a una lógica de simbolismo punitivo antes que a una estrategia coherente. Se agravan penas, se incorporan figuras, se endurecen discursos, pero no se construye un sistema. Esta inflación legislativa, lejos de fortalecer la respuesta estatal, la vuelve errática y previsible en su ineficacia.

Sin embargo, el legislador no agota la crítica. El rol del Poder Judicial resulta igualmente determinante en la reproducción de la reincidencia. La aplicación laxa de institutos como las excarcelaciones, libertades anticipadas o morigeraciones de pena, muchas veces desprovista de un análisis serio del riesgo de reiteración delictiva, configura un patrón de decisiones que, en los hechos, debilita la función preventiva del derecho penal. La discrecionalidad, cuando no se encuentra debidamente fundada, deja de ser una herramienta jurídica para convertirse en un factor de deslegitimación institucional.

A ello se suma una preocupante tolerancia frente al incumplimiento de las condiciones impuestas en regímenes de libertad. La falta de control efectivo por parte de los órganos de ejecución penal convierte tales medidas en meras formalidades, vaciadas de contenido real. El sistema no sólo libera: además, renuncia a supervisar.

EJECUCION DE HONORARIOS PROFESIONALES EN EL PROCESO PRINCIPAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: FUNDAMENTO LEGAL – CONVENIENCIA PRACTICA Y EFECTOS PREVISIONALES

Por Aurelio Nicolella

I.Fundamento legal de la ejecución en el proceso principal

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 14.967 establece un
régimen específico en materia de regulación y ejecución de honorarios profesionales, introduciendo herramientas que procuran garantizar su percepción eficaz y oportuna.

En particular, los artículos 54 y 58 de la mencionada norma configuran un sistema que habilita al profesional del derecho a ejecutar sus honorarios regulados no solo mediante incidente autónomo, sino también, y de manera expresa, dentro del expediente principal.

El artículo 54 dispone que los honorarios regulados, una vez firmes o consentidos y debidamente notificados, constituyen título ejecutivo suficiente. Por su parte, el artículo 58, en su segundo párrafo, otorga al letrado la opción de promover su ejecución en el mismo proceso en el cual fueron regulados, sin necesidad de recurrir a la vía incidental.

Desde una perspectiva dogmática, esta previsión debe interpretarse como una manifestación del principio “lex specialis derogat legi generali”, en virtud del cual el régimen especial de honorarios prevalece sobre las disposiciones generales del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, no resulta exigible la promoción de un incidente de ejecución cuando la propia ley arancelaria habilita una vía más directa y expedita.

A ello se suma el reconocimiento pacífico del carácter alimentario de los honorarios profesionales, lo que impone su tutela preferente y su percepción sin dilaciones indebidas. Bajo esta inteligencia, la ejecución en el principal aparece como la vía más adecuada para satisfacer este tipo de créditos, en consonancia con los principios de economía procesal y celeridad.

Ahora bien, más allá de los fundamentos estrictamente normativos, existe un argumento práctico de significativa relevancia que refuerza la conveniencia de optar por la ejecución en el expediente principal: la intervención y control de la Caja de Abogados de la Provincia de Buenos Aires.

EL PRONTO DESPACHO COMO GARANTÍA IMPLÍCITA EN EL ORDENAMIENTO BONAERENSE. FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 15 DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL

 

Por Aurelio Nicolella

I. Planteo del problema y derecho comparado

En el ámbito del proceso judicial bonaerense, la figura del “pronto despacho” carece de una regulación orgánica y expresa que la configure como un instituto autónomo, a diferencia de lo que acontece en otros ordenamientos donde el instituto se encuentra normativamente estructurado.

Así, en el ámbito nacional argentino, la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549, en su redacción originaria y hasta la reciente reforma introducida por la denominada “Ley Bases”, reconocía expresamente la posibilidad de instar el pronto despacho frente a la inactividad de la Administración, configurándolo como presupuesto necesario para la operatividad del silencio administrativo y la ulterior habilitación de la vía recursiva o judicial (conforme al artículo 10 y concordantes). En igual sentido, el Decreto Reglamentario N° 1759/72 (texto ordenado 2017) regulaba de manera específica el instituto, estableciendo los plazos y efectos del requerimiento de pronto despacho como paso previo para tener por configurada la mora administrativa.

No obstante, a partir de las modificaciones introducidas por la Ley Bases, el régimen ha sido sustancialmente alterado, en tanto la nueva redacción del artículo 10 dispone que el mero vencimiento del plazo de sesenta (60) días sin resolución expresa configura automáticamente el silencio negativo de la Administración, eliminándose la necesidad de interponer pronto despacho y de aguardar un plazo adicional para habilitar la instancia recursiva o judicial. De este modo, se produce un desplazamiento del instituto como requisito técnico previo, en favor de un sistema de operatividad directa del silencio administrativo.

En el derecho comparado, el instituto también presenta reconocimiento expreso. En España, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé el deber de la Administración de resolver en plazo, configurando el silencio administrativo, positivo o negativo, como consecuencia jurídica de su incumplimiento, lo que en la práctica opera como una garantía equivalente al pronto despacho. Por su parte, en México, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo contempla mecanismos análogos frente a la inactividad estatal, habilitando al administrado a requerir resolución expresa y, en su caso, a considerar configurada la negativa ficta.

Estos ejemplos evidencian que, a diferencia del proceso judicial bonaerense, donde el pronto despacho carece de regulación expresa como instituto autónomo, en materia administrativa, tanto a nivel nacional como en otros ordenamientos, su reconocimiento normativo constituye una técnica consolidada para combatir la mora estatal y garantizar la eficacia de los derechos de los administrados.

Por su parte, en el ámbito provincial, ordenamientos como el de la Provincia de Córdoba contemplan herramientas más explícitas para combatir la mora judicial. En efecto, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba incorpora deberes de celeridad y mecanismos de impulso procesal que permiten a las partes instar el dictado de resoluciones cuando se verifica inactividad del órgano jurisdiccional, bajo apercibimientos disciplinarios o funcionales. Si bien no siempre se utiliza la denominación “pronto despacho”, la funcionalidad del instituto se encuentra claramente reconocida.

LA INCONVENIENCIA DEL TESTAMENTO OLÓGRAFO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ARGENTINO

Por Aurelio Nicolella

I. Introducción

En el derecho sucesorio argentino, el testamento ológrafo, aquel íntegramente escrito, fechado y firmado de puño y letra por el testador, se presenta como una manifestación de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, su permanencia en el sistema jurídico vigente merece ser revisada críticamente a la luz de los riesgos que conlleva, especialmente en términos de seguridad jurídica, transparencia y prevención de fraudes.

Resulta particularmente revelador que una porción significativa de los procesos sucesorios conflictivos tenga como eje la impugnación de testamentos ológrafos. Aunque las estadísticas judiciales no siempre sistematizan esta variable de manera uniforme, la práctica forense evidencia una realidad incontrastable: este tipo de instrumento concentra un volumen desproporcionado de cuestionamientos respecto de otras formas testamentarias.

No se trata ya de una casualidad, sino de una consecuencia directa de su precariedad estructural.

Allí donde falta control en el origen, sobra litigio en el proceso. La reiteración de incidentes de nulidad, desconocimiento de firma, falsedad ideológica o material, y disputas periciales interminables, demuestra que el testamento ológrafo no solo genera conflictos, sino que los produce de manera sistemática. En este escenario, su mantenimiento en el ordenamiento no puede interpretarse como una opción inocua: implica sostener deliberadamente una fuente constante de litigiosidad, con el consiguiente costo para los particulares y para el sistema de justicia.

 

II. Régimen jurídico vigente en la Argentina

El Código Civil y Comercial de la Nación Argentina admite, en sus artículos 2477 y concordantes, la figura del testamento ológrafo como una forma válida de disposición de última voluntad.

Este instrumento ha sido tradicionalmente justificado como una herramienta que facilita el ejercicio de la autonomía personal. No obstante, dicha justificación resulta insuficiente frente a los riesgos estructurales que presenta, especialmente en un contexto jurídico que, en otras materias, exige crecientes niveles de formalidad y control.

El contraste con el derecho comparado resulta elocuente. Mientras que el ordenamiento uruguayo ha optado por no receptar el testamento ológrafo, privilegiando mecanismos más seguros, otros sistemas que aún lo mantienen lo hacen bajo estrictos controles de validación.

Esta diferencia no es meramente técnica, sino que refleja una clara opción de política legislativa: la protección de la voluntad del causante no puede desligarse de garantías efectivas que aseguren su autenticidad.

La experiencia comparada demuestra una tendencia progresiva hacia la formalización de los actos de última voluntad, priorizando la intervención
de funcionarios públicos que doten de certeza al acto.

LA COMPETENCIA TERRITORIAL EN ACCIONES DE DAÑOS: IMPROCEDENCIA DE FUNDARLA EN EL DOMICILIO DE LA ASEGURADORA

Por Aurelio Nicolella

I. Introducción

En la práctica forense actual se observa con frecuencia una tendencia por parte de los letrados a promover acciones de daños y perjuicios ante los tribunales civiles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), aun cuando el hecho dañoso haya ocurrido en otra jurisdicción y los sujetos directamente involucrados se encuentren domiciliados fuera de ella.

Dicha elección suele justificarse en el domicilio de la compañía aseguradora citada en garantía. Sin embargo, esta práctica plantea serios reparos desde el punto de vista jurídico, en tanto puede implicar una indebida extensión de las reglas de competencia territorial y una afectación al principio del juez natural.

 

II. Marco normativo aplicable

El régimen de competencia territorial en materia civil se encuentra regulado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en su artículo 5, inciso 4°, establece que en las acciones personales derivadas de hechos ilícitos será competente, a elección del actor: el juez del lugar en que se produjo el hecho, o el del domicilio del demandado.

Esta disposición consagra un sistema de “competencia alternativa”, que si bien otorga cierta flexibilidad al actor, no habilita una elección irrestricta o arbitraria del fuero.

Por su parte, la intervención de la aseguradora se encuentra prevista en el artículo 118 de la Ley de Seguros 17.418, que regula la citación en garantía, configurando la participación de la compañía como un tercero con interés jurídico en el resultado del litigio.

 

III. Naturaleza de la citación en garantía

La citación en garantía no altera la estructura subjetiva principal del proceso. El demandado en una acción de daños es el presunto responsable del hecho ilícito, mientras que la aseguradora reviste el carácter de tercero citado.

 

En este sentido debemos estar acordes que la obligación de la aseguradora es accesoria respecto de la del asegurado; su intervención no transforma la relación jurídica sustancial debatida y, además no reviste la calidad de demandado principal, salvo supuestos excepcionales.

En consecuencia, no resulta jurídicamente admisible que el domicilio de la aseguradora determine por sí solo la competencia territorial del tribunal interviniente.

 

IV. Improcedencia de fundar la competencia en el domicilio de la aseguradora

La elección del fuero basada exclusivamente en el domicilio de la aseguradora importa una interpretación extensiva e indebida de las normas procesales.

Ello por cuanto: Desnaturaliza el criterio legal; el artículo 5 del código procesal refiere al domicilio del demandado, no al de terceros intervinientes; desplaza al juez naturalmente competente.

Nadie duda que el juez del lugar del hecho resulta, en principio, el más idóneo para entender en la causa, especialmente por razones probatorias.

Introduce un factor de conexión artificial, la presencia de la aseguradora en determinada jurisdicción no constituye un vínculo sustancial con el litigio.

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EL POPULISMO PUNITIVO

Por Aurelio Nicolella

Los medios de comunicación desde fines del siglo XX a nuestros días han dado un giroinesperado en cuanto a noticias e informaciones que proporcionan a la sociedad. Hoy cualquier noticia, siempre que sea importante para acaparar al informado-espectador, es transmitida instantáneamente aunque la misma se haya producido en las antípodas del lugar de residencia del que la recibe. Desde ya entra a tallar los ratings y eso conlleva a generar dinero para los medios que provienen de las propagandas.

Son pocos los medios, hoy en la Argentina Siglo XXI, que puedan merecer el mérito de que informan a sus lectores o espectadores.

Hasta aquí podríamos casi justificar el hecho de que empresas y medios periodísticos utilicen una información para poder subsistir, en un sistema capitalista cada vez más agresivo. En cambio lo que no se puede justificar el mal que hacen a la sociedad toda, cuando presentan la noticia cruda, tal cual la reciben con el único fin de alcanzar un buen rating, que es sinónimo de dinero.

No se trata de que apliquen autocensura, sino de no escandalizar al público, dar la noticia y no hacer un show mediático de la misma.

En la forma que informan hoy la mayoría de los medios de comunicación, diarios, radios y los canales de televisión de noticias principalmente los de cable, confunden a la opinión pública, dando una sensación de incertidumbre, impunidad e inseguridad.

Todo ello acarrea a que el propio pueblo receptor de esas noticias piense que el camino real a esas soluciones es la aplicación de la “mano dura”, aunque con ello se llegue a perder derechos y dignidades que toda comunidad debe privilegiar y no claudicar, porque han llevado décadas de lucha y conquista llegar a ellos.

La sociología jurídica-penal ha acuñado el término “populismo punitivo o penal” para denominar a aquellas tendencias políticas orientadas a ofrecer respuestas “rápidas” y “eficaces” a los problemas de seguridad de una sociedad a través de la ampliación del sistema penal y de un funcionamiento reactivo y represivo de este como respuesta primordial. Es un típico discurso maniqueo que divide a la sociedad entre buenos ciudadanos, decentes y honrados y malos ciudadanos sinónimo de delincuentes.

Es una manera de pedirle a los poderes públicos una mayor eficacia contra el delito, que su característica principal es la continua acción represiva, siempre dirigida contra el diferente, al que no encaja en la sociedad.

Para que exista “populismo represivo o penal” deben participar tres actores fundamentales: la ciudadanía, eternamente insatisfecha porque no vislumbra el final de sus preocupaciones, ve que sus miedos se agigantan y sus ansiedades se acentúan; los medios de comunicación, que ejercen de altavoz atronador de determinados hechos para situarlos a la base de las preocupaciones colectivas, activando la alarma, manipulando las emociones; y por último, los políticos, los institucionales, y los que deben velar para la seguridad ciudadana, que acorralados por los otros dos actores atinan únicamente a aplicar más severidad, mas castigo, escapando a darle una solución profunda a la situación, usan la “teoría de barrer y esconder la basura debajo de la alfombra”.