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En nuestra sociedad la principal problemática actual es, por mucho, el tema del delito. La delincuencia ha echado raíces profundas, tan profundas que se han insertado en pocas décadas en las instituciones de los países, asentándose mayormente en los países periféricos como el nuestro.
Para poder comprender el delito es necesario saber que la Sociología Criminal, desde sus orígenes en el siglo XIX, se presentó como una ciencia que pretendía ver la problemática de la delincuencia en la sociedad, especialmente del mundo occidental, encontrando en la “causalidad” la política para la prevención de las conductas tipificadas como delictuales.
La nueva ciencia se preguntaba el “por qué” de aquellas conductas dentro de una sociedad, así se desarrollaron respuestas biológicas o psiquiátricas como la del italiano Cesare Lombroso, representante del positivismo criminológico, llamado en su tiempo la nueva escuela (Nuova Scuola), que adhieren también sus connacionales Enrico Ferri y Raffaele Garofalo.
O respuestas pedagógicas, en donde la conducta delictiva es fruto de las vivencias personales de cada individuo. Fundaron y acotaron el foco de análisis de esta disciplina convocando visiones ético-morales, historicistas, penalistas y económico-políticas.
Esas dos grandes escuelas del “novecento”, que se mantuvieron entrado el siglo XX, pretendieron dar solución al problema delictual comenzando un rico debate sobre la materia en miles de textos. Lo cierto es que un debate fructífero no fue la solución al tema delictual, ya que es muy difícil para una sociedad poder incorporar teorías que en las mesas de debate parecieran funcionar pero en lo cotidiano son difíciles de aplicar, dándose así el ejemplo del arquitecto y el albañil: en los planos el arquitecto cree poder hacerlo y en los hechos el albañil sabe lo imposible que es que el proyecto salga idéntico a lo que el profesional pretende.
Desde terminada la Segunda Guerra Mundial varias escuelas de sociología criminal integradas por criminólogos, abogados, psiquiatras, psicólogos y por supuesto sociólogos, en universidades estadounidenses y europeas, fueron avanzando en la teoría de que el delito y su sujeto activo, el delincuente, son producto de las contingencias que sufre dicha sociedad, y esta es la que determinará si la delincuencia está en ascenso o retroceso. Es decir, las políticas de estado que llevan a cabo los distintos gobiernos ante sus gobernados son las que definen el panorama delictivo de la sociedad en cuestión.
Lo que debemos saber, es que mucho se habla y comenta sobre el delito y la violencia, pero poco es lo que se investiga a nivel académico y menos aún a nivel político. Por esto la sociedad ya no confía ni entiende a las instituciones del estado que le deben brindar soluciones. La impunidad, incapacidad, inacción, ausencia de estrategias y arcaísmo de criterios y organizaciones, sumado a la corrupción, son algunos de los resultados visibles de una sistema que no funciona y ciudadanos que con sus impuestos reclaman urgentemente una solución al problema de la delicuencia.
Es común que la población se queje y, a veces, se horrorice con lo que ocurre, es decir, con los resultados; pero presta poca o ninguna atención a las causas. En este camino, los hechos se repiten una y otra vez. Si bien con el delito nunca se podrá acabar, si podría ser reducido a límites considerables.
Al delito se lo debe diferenciar en “Circunstancial” o “Estructural”, comprendiendo esta dicotomía se podrá establecer la política para comenzar a solucionarla.
La delincuencia circunstancial surge en una sociedad que ha atravesado un momento imprevisible como una guerra, un plan de gobierno equivocado o un hecho fortuito de índole natural. Llevan a una sociedad a que parte de su población, por necesidad en la mayoría de los casos, tienda a delinquir afín de satisfacer sus necesidades básicas, pero la base educacional e institucional no se ve afectada; esta situación es conocida académicamente como “delincuencia de subsistencia”. El caso más significativo es la posguerra: Alemania, Japón e incluso la vencedora Gran Bretaña vieron incrementarse sus índices de criminalidad, a niveles nunca vistos. La base educacional en dichas sociedades funcionó y lograron índices bajos de criminalidad a corto tiempo. La característica de esta modalidad es que no merma la organización de la sociedad: las instituciones en el peor de los casos son sacudidas pero las consecuencias son mínimas, pues un cambio de situación política-económica bastará para que dicha sociedad encauce los índices de criminalidad. Un buen plan de gobierno a esos efectos determinará el cambio y la diferencia.
En cambio la delincuencia estructural es aquella que tiene lugar cuando se corrompen las instituciones de la sociedad. Es producto de la desidia de muchos años de las llamadas “políticas tapa agujeros”: negar la delincuencia, manifestar desde el estado mismo que “la inseguridad es una sensación”, hasta incluso llegar a decir que es fruto de los cambios antropológicos de la evolución humana. Como se ve, la delincuencia llega así a perforar el orden. Para la superación de la delincuencia estructural se necesitará una política de estado a largo plazo; no es solo con más fuentes de trabajo y ocupación que se podrá disminuir el delito, sino que es necesaria educación. Este proceso es prolongado en el tiempo, las actuales generaciones serán parte de una etapa de cambios, y serán las generaciones venideras las que verán los resultados finales.
Es muy probable que los gobernantes de un país que atraviesen esta situación nieguen que sea necesaria una política a largo plazo, al contrario, pueden incluso sostener equivocadamente que con una mayor vigilancia, más policías, mayores sanciones en sus códigos penales y más trabajo en la sociedad se puede lograr una solución a corto plazo. Un estudio sobre la delincuencia, como la que atraviesa la República Argentina actualmente, ha determinado que se necesitarían varias décadas para llegar a disminuir los índices delictivos actuales. Este estudio ha determinado que bastaría con: lograr que la parte más postergada de la sociedad tenga acceso a una buena educación pública y a un trabajo digno regulado; a la clase media concientizarla sobre los perjuicios que ocasiona la corrupción, que presenta un efecto “boomerang”; y a la clase pudiente o alta hacerle reflexionar que la concentración de poder económico en sus manos sin una lógica distribución de la misma sólo acarrea un efecto devastador en sus negocios o actividades.
