ESTAFA DIGITAL Y FRAUDE BANCARIO: INGENIERÍA SOCIAL, PHISHING, VISHING Y MANIPULACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS. RESPONSABILIDAD Y TUTELA JUDICIAL DE LA VÍCTIMA
Por Aurelio Nicolella
La transformación digital de la actividad bancaria modificó definitivamente la relación entre las entidades financieras y sus clientes. Hoy, desde un teléfono celular, una persona puede realizar transferencias, solicitar préstamos, modificar límites, incorporar destinatarios y efectuar operaciones por sumas que, hasta hace algunos años, requerían necesariamente concurrir a una sucursal bancaria.
Esta comodidad también generó nuevas modalidades delictivas.
Una de las más frecuentes es la denominada ingeniería social, mediante la cual el delincuente procura que la propia víctima, engañada, proporcione información o realice determinadas acciones que posteriormente permitirán disponer de sus fondos.
Cuando la maniobra se desarrolla mediante llamadas telefónicas en las que los delincuentes se presentan como empleados de un banco, suele utilizarse la expresión vishing, derivada de voice phishing.
Pero cuando la estafa se concreta, aparecen simultáneamente cuestiones de naturaleza penal, civil, comercial y de protección del consumidor.
Y existe un problema adicional que muchas veces queda relegado: ¿qué ocurre cuando, además del dinero sustraído, los delincuentes generan un préstamo y el banco pretende cobrarlo a la propia víctima?
1. LA ESTAFA COMIENZA CON EL ENGAÑO
El mecanismo puede comenzar con una simple llamada telefónica.
El supuesto empleado bancario informa al cliente que existe un problema con su cuenta, que debe aumentar el límite para realizar transferencias, que necesita validar determinados datos o que debe efectuar alguna operación vinculada con una inversión.
La víctima, convencida de que está tratando con personal legítimo de la entidad, sigue las instrucciones.
En realidad, se encuentra frente a una maniobra destinada a obtener el control de sus operaciones bancarias.
La ingeniería social tiene precisamente esa característica: el delincuente utiliza el engaño para lograr que la propia víctima facilite el camino hacia el patrimonio que posteriormente será sustraído.
2. ¿ESTAMOS FRENTE A UN DELITO?
En principio, los hechos pueden ser denunciados como estafa cometida mediante ingeniería social y medios electrónicos, sin perjuicio de la calificación jurídica que corresponda determinar durante la investigación.
Si el engaño se produjo mediante llamadas telefónicas, podemos encontrarnos frente a una modalidad conocida como vishing.
Pero la denominación informática no reemplaza la calificación penal.
Lo importante es establecer si mediante un ardid o engaño se logró provocar un desplazamiento patrimonial perjudicial para la víctima.
La investigación deberá determinar además si existieron otras conductas penalmente relevantes relacionadas con el acceso, utilización o manipulación de sistemas informáticos.
Por eso resulta prudente formular la denuncia describiendo los hechos concretos y dejar la calificación definitiva en manos del Ministerio Público y del órgano judicial.
3. LA DENUNCIA PENAL: EL PRIMER CAMINO
La víctima debe realizar la correspondiente denuncia ante la autoridad competente.
En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, podrá intervenir la Unidad Funcional de Instrucción que corresponda según la jurisdicción y las características del hecho.
La denuncia debe ser detallada.
No alcanza con expresar:
“Me hackearon la cuenta”.
Es necesario explicar cronológicamente:
-
quién llamó;
-
desde qué número;
-
qué manifestó;
-
qué instrucciones proporcionó;
-
qué hizo la víctima;
-
cuándo ingresó al Home Banking;
-
qué operaciones aparecieron;
-
qué montos fueron transferidos;
-
a qué cuentas;
-
y qué ocurrió posteriormente.
4. SEGUIR EL DINERO
Una de las medidas más importantes de la investigación penal consiste en seguir la ruta del dinero.
En la documentación correspondiente a un caso concreto, aparecen dos transferencias realizadas el 10 de enero de 2026:
-
$6.666.666,00
-
$5.886.675,92
Ambas fueron dirigidas a una cuenta cuyo titular aparece individualizado como Zutano Gonzalez.
La suma de ambas operaciones alcanza los $12.553.341,92.
También aparecen otras operaciones relacionadas con una segunda cadena de recepción de fondos mediante una billetera virtual, incluyendo transferencias vinculadas con Mabel Celeste Carballo y SOLOPAGO PAY S.A.
Esto demuestra la importancia de no detener la investigación en el primer destinatario.
Hay que determinar:
¿Dónde terminó el dinero?
5. EL TITULAR DE LA CUENTA RECEPTORA NO ES AUTOMÁTICAMENTE EL ESTAFADOR
Existe una cuestión que merece especial cuidado.
La persona cuya cuenta recibió el dinero debe ser investigada, pero la titularidad de una cuenta no demuestra por sí sola la participación criminal.
Puede haber distintas posibilidades:
-
participación consciente en la maniobra;
-
utilización de una cuenta prestada;
-
intermediación;
-
desconocimiento del origen de los fondos;
-
utilización de la cuenta por terceros;
-
o incluso una segunda víctima.
Por ello, corresponde solicitar que se investiguen sus movimientos, comunicaciones y operaciones posteriores.
La justicia debe determinar qué conocimiento y participación tuvo cada persona.
6. LA PRUEBA DIGITAL
En estos procesos, la prueba digital adquiere una importancia fundamental.
Debe preservarse:
-
el teléfono celular;
-
mensajes de WhatsApp;
-
correos electrónicos;
-
registros de llamadas;
-
números telefónicos;
-
SMS;
-
capturas de pantalla;
-
comprobantes;
-
mails enviados por el banco;
-
notificaciones;
-
movimientos de cuenta;
-
documentación de eventuales préstamos.
También puede solicitarse al banco información sobre:
-
IP;
-
dispositivo;
-
horarios de conexión;
-
sesiones;
-
autenticaciones;
-
utilización del token;
-
modificaciones de datos;
-
incorporación de cuentas destinatarias;
-
alertas de seguridad;
-
operaciones inmediatamente anteriores y posteriores.
La investigación informática puede resultar determinante para reconstruir cómo se produjo la maniobra.
7. LA RESPUESTA DEL BANCO
Frente al reclamo, el banco puede sostener que la operación fue realizada utilizando correctamente el usuario, la contraseña y el segundo factor de autenticación.
Eso fue precisamente lo ocurrido en el caso documental analizado.
Banco Provincia informó que las operaciones habían sido realizadas con el usuario, clave y BIP Token de la titular y sostuvo que la propia clienta había suministrado información confidencial o autorizado operaciones.
Pero esa respuesta abre, y no necesariamente cierra, la discusión jurídica.
Una cuestión es determinar cómo se autenticó técnicamente una operación.
Otra diferente es determinar en qué circunstancias se produjo y si corresponde jurídicamente atribuir sus consecuencias al consumidor.
8. EL DEBER DE SEGURIDAD DEL BANCO
La actividad bancaria digital no puede analizarse únicamente desde la perspectiva de la contraseña.
También debe considerarse el funcionamiento de los mecanismos de seguridad y prevención.
Por eso, cuando se denuncia una operación fraudulenta, resulta relevante determinar:
-
si la operación era habitual;
-
si existió un cambio brusco en el comportamiento financiero;
-
si se incorporó una nueva cuenta destinataria;
-
si se realizaron varias operaciones en pocos minutos;
-
si el sistema generó alertas;
-
qué controles realizó la entidad;
-
y qué información técnica posee el banco.
La cuestión no consiste en afirmar automáticamente que el banco es responsable.
Tampoco corresponde afirmar automáticamente que lo es la víctima.
La responsabilidad debe surgir de la prueba.
9. EL PROBLEMA SE AGRAVA CUANDO APARECE UN PRÉSTAMO
La situación se vuelve particularmente delicada cuando los delincuentes no solamente consiguen transferir los fondos existentes en la cuenta, sino que además generan un préstamo.
La víctima puede encontrarse entonces con una situación doblemente perjudicial:
le sustrajeron su dinero y, además, aparece como deudora de una suma que afirma no haber solicitado.
Aquí debemos distinguir entre la existencia de un registro informático y la existencia de una obligación jurídicamente exigible.
Si la víctima sostiene que el crédito fue generado como consecuencia de una maniobra fraudulenta, debe impugnar expresamente la operación y desconocer la deuda.
10. NO RECONOCER LA DEUDA
Este aspecto es fundamental desde el punto de vista práctico.
La víctima no debería manifestar simplemente:
“No puedo pagar”.
Debe dejar establecido:
“Desconozco e impugno la operación crediticia y toda obligación derivada de ella, por encontrarse vinculada a una maniobra fraudulenta cuya legitimidad se encuentra controvertida.”
No es lo mismo una persona que reconoce una deuda pero solicita facilidades de pago que una persona que sostiene que nunca asumió legítimamente esa obligación.
La diferencia tiene consecuencias jurídicas importantes.
11. RECLAMO CIVIL Y COMERCIAL CONTRA EL BANCO
Paralelamente a la denuncia penal, corresponde formular el reclamo ante la entidad financiera.
En ese reclamo deberá solicitarse:
a) El desconocimiento de las operaciones fraudulentas.
b) La impugnación de cualquier préstamo generado durante la maniobra.
c) La restitución de los fondos, cuando corresponda.
d) La entrega de toda la información técnica relacionada con las operaciones.
e) La suspensión de débitos y descuentos.
f) La abstención de efectuar actos de cobro respecto de la deuda controvertida.
g) La revisión integral de la operatoria.
Y debe dejarse expresa constancia de que no se reconoce la deuda cuya legitimidad se encuentra cuestionada.
12. ¿CÓMO EVITAR QUE EL BANCO COBRE?
Esta es probablemente una de las cuestiones más importantes para la víctima.
Si el banco comienza a descontar automáticamente las cuotas de un préstamo cuestionado, el perjuicio continúa mientras se desarrolla la investigación.
Por eso puede resultar necesario acudir a la Justicia y solicitar una medida cautelar.
Según las circunstancias del caso, puede solicitarse que se ordene a la entidad:
-
suspender el débito automático;
-
suspender el descuento de cuotas;
-
abstenerse de realizar actos de cobro;
-
suspender la exigibilidad de la obligación cuestionada;
-
y adoptar las medidas necesarias para evitar que la víctima continúe soportando consecuencias patrimoniales mientras se discute la legitimidad de la operación.
La medida cautelar debe sustentarse en la documentación disponible y en las circunstancias particulares del caso.
13. ¿QUÉ SE LE PIDE AL JUEZ?
La pretensión cautelar puede estructurarse alrededor de una idea central:
Mientras se investiga si la deuda nació de una maniobra fraudulenta, debe evitarse que esa obligación produzca un perjuicio patrimonial irreparable o de difícil reparación para quien afirma ser víctima del fraude.
No se pretende que la medida cautelar resuelva definitivamente el juicio.
La cuestión de fondo quedará para la sentencia.
La cautelar busca preservar la situación existente y evitar que el transcurso del tiempo perjudique a una de las partes.
14. EL PELIGRO DE LOS DESCUENTOS AUTOMÁTICOS
Imaginemos que la víctima cobra su salario o jubilación mediante la misma entidad bancaria.
Si el banco comienza a descontar automáticamente las cuotas del préstamo cuestionado, el problema deja de ser solamente jurídico y puede transformarse rápidamente en un problema de subsistencia.
Por eso, en determinados casos, la urgencia cautelar puede adquirir especial importancia.
El abogado deberá acreditar concretamente:
-
la existencia de la denuncia;
-
el reclamo bancario;
-
la respuesta de la entidad;
-
la existencia de las operaciones cuestionadas;
-
la deuda que pretende cobrarse;
-
y el perjuicio que ocasionaría continuar con los descuentos.
15. LA VÍA PENAL Y LA VÍA CIVIL DEBEN AVANZAR EN PARALELO
No existe razón para esperar a que termine el proceso penal para comenzar a defender los derechos patrimoniales de la víctima.
Las dos vías tienen objetivos diferentes.
PROCESO PENAL
Busca determinar:
¿Quién cometió la estafa?
¿Cómo se realizó?
¿Quién recibió el dinero?
¿Dónde terminó?
PROCESO CIVIL/COMERCIAL
Busca determinar:
¿Existe una obligación legítima?
¿La operación puede ser imputada a la víctima?
¿Corresponde restituir el dinero?
¿Existe responsabilidad de la entidad bancaria?
Y, fundamentalmente:
¿Debe suspenderse el cobro mientras se determina la legitimidad de la deuda?
16. EL RECLAMO ANTE EL BANCO CENTRAL
Cuando corresponda, también puede recurrirse al procedimiento de reclamo ante el Banco Central de la República Argentina, luego de haber realizado la presentación ante la entidad financiera y cumplidos los requisitos correspondientes.
Esta instancia no reemplaza necesariamente la vía judicial.
Puede constituir otro elemento dentro de la estrategia de defensa del usuario financiero.
17. UNA CUESTIÓN QUE EL BANCO DEBE EXPLICAR
Cuando existen transferencias extraordinarias, resulta relevante conocer cómo se produjo la incorporación de la cuenta destinataria y qué mecanismos de validación se utilizaron.
La pregunta es concreta:
¿Cómo fue dada de alta la cuenta receptora y qué controles aplicó la entidad antes de permitir que se transfirieran millones de pesos?
También resulta importante conocer qué ocurrió entre la generación de la operación y la acreditación definitiva de los fondos.
La respuesta puede aportar elementos importantes tanto para la investigación penal como para la discusión civil.
18. UNA ESTRATEGIA INTEGRAL
Ante una estafa bancaria de estas características, la estrategia profesional puede estructurarse en cuatro pasos:
1. DENUNCIA PENAL
Denunciar la estafa y solicitar la investigación de los autores, teléfonos, cuentas receptoras y recorrido del dinero.
2. RECLAMO AL BANCO
Desconocer las operaciones y cualquier préstamo generado durante la maniobra, solicitando información y restitución.
3. ACCIÓN JUDICIAL
Si la entidad mantiene su negativa, promover la acción correspondiente para discutir la responsabilidad bancaria y la existencia o exigibilidad de la deuda.
4. MEDIDA CAUTELAR
Solicitar, cuando exista fundamento suficiente, la suspensión de descuentos, débitos y cobros de la deuda controvertida, evitando que la víctima continúe soportando consecuencias económicas mientras se resuelve el conflicto.
19. LA VÍCTIMA NO DEBE QUEDAR ATRAPADA ENTRE DOS PROBLEMAS
Existe una particular paradoja en estas estafas.
La persona que fue engañada puede convertirse, al mismo tiempo, en:
víctima de un delito y deudora frente al banco.
Esa situación exige una respuesta jurídica rápida.
El proceso penal deberá determinar quién cometió la estafa.
El proceso civil deberá determinar las consecuencias patrimoniales.
Y la tutela cautelar puede resultar necesaria para impedir que, mientras se investiga, la víctima continúe sufriendo descuentos o cobranzas derivados de una deuda cuya legitimidad cuestiona.
CONCLUSIÓN
Las estafas bancarias digitales plantean nuevos desafíos para abogados, jueces, fiscales y entidades financieras.
La utilización de Home Banking, billeteras virtuales y mecanismos de autenticación electrónica no elimina la necesidad de investigar el contexto en el cual se realizaron las operaciones.
Una contraseña, un token o una autenticación electrónica constituyen elementos técnicos que deben ser analizados conjuntamente con el resto de la prueba.
Cuando una persona denuncia haber sido víctima de una maniobra de ingeniería social, será necesario determinar:
cómo fue engañada, cómo se realizaron las operaciones, qué controles funcionaron, dónde terminó el dinero y qué responsabilidad corresponde atribuir a cada interviniente.
Y cuando además aparece una deuda que la víctima desconoce, existe una cuestión adicional de enorme importancia:
evitar que el banco continúe cobrando una obligación cuya existencia, origen y legitimidad se encuentran controvertidos.
Por eso, frente a estos casos, la actuación profesional debe ser inmediata y coordinada:
DENUNCIA PENAL + RECLAMO BANCARIO + ACCIÓN JUDICIAL + MEDIDA CAUTELAR.
El objetivo no es solamente perseguir al estafador.
También es proteger patrimonialmente a la víctima mientras la Justicia determina qué ocurrió y quién debe responder por las consecuencias del hecho.
ATENCIÓN: Para recordar
Si la víctima fue engañada, denuncie.
Si existen transferencias, siga el dinero.
Si aparece un préstamo no reconocido, impugne la deuda.
Si el banco pretende cobrarla, evalúe inmediatamente una medida cautelar con su abogado.
Y, sobre todo, no confunda la existencia de una operación registrada en un sistema informático con la demostración definitiva de una obligación jurídicamente exigible.
ESTAFA BANCARIA DIGITAL
¿QUÉ HACER ANTE UNA ESTAFA MEDIANTE HOME BANKING?
1. VÍA PENAL
Denuncia por estafa mediante ingeniería social y medios electrónicos.
Investigar llamadas, teléfonos, cuentas receptoras, titulares, IP, dispositivos,
movimientos posteriores y recorrido del dinero.
2. VÍA CIVIL / COMERCIAL
Reclamo contra la entidad bancaria.
Impugnar las operaciones, desconocer préstamos generados durante la maniobra
y reclamar la restitución de los fondos cuando corresponda.
3. NO RECONOCER LA DEUDA
Si aparece un préstamo que la víctima desconoce, debe dejarse expresamente
establecido que se encuentra controvertida su existencia, origen,
legitimidad y exigibilidad.
4. MEDIDA CAUTELAR
Solicitar judicialmente, cuando corresponda, la suspensión de débitos,
descuentos, cuotas y actos de cobro relacionados con la deuda cuestionada,
mientras se determina su legitimidad.
5. PRESERVAR LA PRUEBA
Conservar teléfonos, llamadas, WhatsApp, correos electrónicos, comprobantes,
capturas de pantalla, movimientos bancarios y toda documentación relacionada
con la maniobra.
RECOMENDACIÓN
DENUNCIAR LA ESTAFA +
RECLAMAR AL BANCO +
IMPUGNAR LA DEUDA +
SOLICITAR MEDIDA CAUTELAR
La víctima no debe quedar obligada a soportar descuentos o cobros
mientras se encuentra controvertida la legitimidad de la operación.
PARA RECORDAR
Si la víctima fue engañada, denuncie.
Si existen transferencias, siga el dinero.
Si aparece un préstamo no reconocido, impugne la deuda.
Si el banco pretende cobrarla, evalúe inmediatamente una medida cautelar.
Y, sobre todo, no confunda la existencia de una operación registrada
en un sistema informático con la demostración definitiva de una
obligación jurídicamente exigible.
GLOSARIO JURÍDICO Y TECNOLÓGICO
ESTAFA:
Maniobra mediante engaño destinada a provocar un perjuicio patrimonial y obtener un beneficio económico indebido.
INGENIERÍA SOCIAL:
Técnica utilizada para manipular o engañar a una persona con el objetivo de obtener información, credenciales o lograr que realice determinadas operaciones.
PHISHING:
Modalidad de fraude mediante la cual se intenta obtener información confidencial haciéndose pasar por una persona, empresa o institución legítima.
VISHING:
Variante del phishing realizada mediante llamadas telefónicas, en las que el delincuente se presenta generalmente como representante de una entidad legítima.
HOME BANKING:
Servicio bancario digital que permite al cliente realizar operaciones financieras mediante Internet o una aplicación.
BIP TOKEN:
Mecanismo de autenticación utilizado para validar determinadas operaciones bancarias electrónicas.
AUTENTICACIÓN:
Procedimiento mediante el cual una entidad verifica la identidad del usuario antes de permitir el acceso o la realización de determinadas operaciones.
TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA:
Operación mediante la cual se envían fondos desde una cuenta bancaria o billetera virtual hacia otra cuenta.
PRÉSTAMO FRAUDULENTO:
Crédito cuya contratación es desconocida o impugnada por la persona a cuyo nombre aparece registrado, cuando se encuentra vinculada con una maniobra fraudulenta.
CUENTA RECEPTORA:
Cuenta bancaria o billetera virtual en la que se acreditan los fondos provenientes de una determinada operación.
RUTA DEL DINERO:
Reconstrucción de los movimientos posteriores de los fondos transferidos, destinada a determinar dónde fueron enviados y quiénes intervinieron.
EVIDENCIA DIGITAL:
Información electrónica que puede contribuir a demostrar cómo se produjo una maniobra: mensajes, correos, llamadas, IP, dispositivos, registros de acceso y operaciones, entre otros elementos.
IP:
Dirección asociada a una conexión de Internet que puede constituir un elemento de investigación para determinar desde dónde se realizó determinada actividad digital.
MEDIDA CAUTELAR:
Decisión judicial provisoria destinada a proteger un derecho o evitar que el transcurso del proceso produzca un perjuicio mientras se resuelve la cuestión de fondo.
SUSPENSIÓN DE DÉBITOS:
Medida destinada a impedir temporalmente que se efectúen descuentos automáticos vinculados con una obligación cuya legitimidad se encuentra controvertida.
IMPUGNACIÓN DE LA DEUDA:
Acto mediante el cual la persona cuestiona la existencia, origen, legitimidad o exigibilidad de una obligación que se le pretende atribuir.
RECLAMO BANCARIO:
Presentación formal efectuada ante la entidad financiera para denunciar una operación, solicitar su revisión y reclamar una solución.
RESPONSABILIDAD BANCARIA:
Posible responsabilidad de la entidad financiera que debe analizarse a partir de las circunstancias concretas del caso, sus deberes de seguridad y los controles aplicados.
DENUNCIA PENAL:
Comunicación formal de un hecho que podría constituir delito ante la autoridad competente, para que se investigue y determine la eventual responsabilidad de sus autores.
TUTELA JUDICIAL:
Protección que brinda el órgano judicial mediante los mecanismos procesales destinados a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos.
IMPORTANTE:
En una estafa bancaria digital, la investigación debe abarcar tanto
la maniobra criminal como las consecuencias patrimoniales que la operación
produce sobre la víctima.
