UNA JUEZA SUSPENDE POR 60 DÍAS LA APLICACIÓN DE LA LEY 27.801 EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Análisis objetivo de los fundamentos de una decisión que vuelve a poner en el centro del debate la responsabilidad penal juvenil
Por la Editorial de Magazine del Derecho
La decisión adoptada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, constituye una resolución de particular relevancia jurídica e institucional. En el marco de un habeas corpus preventivo colectivo promovido por la Federación de Familia Grande Hogar de Cristo, el tribunal resolvió suspender preventivamente, por el término de sesenta días, la aplicación de la Ley 27.801 en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.
La resolución no constituye, en esta instancia, un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad o convencionalidad de la nueva legislación. La propia magistrada realiza expresamente esa aclaración y señala que las cuestiones de fondo vinculadas con una eventual contradicción de la ley con el plexo constitucional y convencional deberán ser analizadas posteriormente y con la debida fundamentación.
Ese aspecto resulta fundamental para comprender el verdadero alcance del fallo.
El eje de la decisión: el riesgo y no una vulneración ya producida
El razonamiento de la magistrada se estructura alrededor de una pregunta concreta: si existen circunstancias objetivas que permitan concluir que la aplicación inmediata del nuevo régimen puede ocasionar una lesión grave, actual o inminente a derechos fundamentales de los adolescentes privados de su libertad en la Provincia de Buenos Aires.
La jueza parte de una premisa que considera prácticamente evidente: la ampliación del universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal, junto con otras modificaciones introducidas por la nueva legislación, podría generar un incremento de las personas privadas de libertad.
Según la resolución, ese incremento no necesariamente se produciría exclusivamente por un aumento futuro de condenas, sino que podría tener también efectos inmediatos como consecuencia de la modificación de los parámetros vinculados con las detenciones y las prisiones preventivas.
Aquí aparece uno de los aspectos centrales —y jurídicamente más interesantes— del pronunciamiento: la jueza no exige que la vulneración de derechos ya se haya producido para intervenir.
Por el contrario, sostiene que, tratándose de derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, el principio precautorio impone al Estado el deber de actuar preventivamente cuando existan elementos que permitan presumir razonablemente una situación grave de vulneración.
La experiencia concreta del juzgado como fundamento de la cautelar
Uno de los elementos más fuertes de la resolución no proviene exclusivamente de una interpretación abstracta de las normas, sino de la experiencia concreta del propio tribunal.
La magistrada explica que su juzgado viene interviniendo desde hace años en el control de las condiciones de alojamiento de adolescentes privados de libertad y que, luego de realizar constataciones en el propio establecimiento, dispuso limitar a sesenta adolescentes la cantidad de personas que podían ser alojadas en el Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, debido a que las condiciones existentes no alcanzaban los estándares mínimos.
La resolución reconoce que durante ese período se produjeron avances en cuestiones edilicias, alimentación y provisión de agua potable. Sin embargo, también afirma que todavía no se habría alcanzado un piso mínimo suficiente para descartar un eventual compromiso de la responsabilidad internacional del Estado argentino.
Asimismo, menciona como cuestiones pendientes el acceso adecuado a la educación, la formación profesional, la incorporación al ámbito laboral y la reducción de los períodos de aislamiento.
Este elemento es particularmente relevante porque la decisión no se apoya únicamente en una hipótesis futura: la magistrada vincula el riesgo que atribuye a la nueva legislación con una situación material que afirma haber constatado directamente en el ámbito bajo su jurisdicción.
La preocupación por el hacinamiento
Quizás el pasaje más contundente del fallo aparece cuando la jueza vincula las condiciones de privación de libertad con las consecuencias que pueden producirse posteriormente en la sociedad.
La magistrada sostiene que el incumplimiento de las condiciones mínimas de detención no solamente afecta los derechos de los adolescentes, sino que puede generar consecuencias futuras para la propia comunidad a la que esos jóvenes deberán regresar.
En ese contexto introduce una afirmación especialmente categórica: el hacinamiento de adolescentes puede incrementar los niveles de inseguridad y violencia.
El razonamiento merece ser destacado porque desplaza la discusión desde una clásica oposición entre “seguridad” y “garantías” hacia una concepción según la cual ambas cuestiones pueden encontrarse relacionadas.
La jueza no sostiene que una menor respuesta penal sea necesariamente sinónimo de mayor seguridad. Su argumento es diferente: si el Estado decide ampliar el sistema de responsabilidad penal juvenil, debe contar con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para que esa ampliación no produzca un deterioro de las condiciones de privación de libertad.
El argumento de la coherencia judicial
Otro de los fundamentos que merece atención es el referido a la coherencia entre la medida cautelar solicitada y una decisión anterior del propio juzgado.
La magistrada afirma que resultaría contradictorio rechazar la suspensión solicitada y, simultáneamente, mantener vigente la prohibición de ingreso de una mayor cantidad de detenidos al Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora.
Este argumento le proporciona a la decisión una lógica interna particularmente clara.
Si el propio tribunal considera que el establecimiento no reúne actualmente las condiciones necesarias para alojar una cantidad mayor de adolescentes, resulta razonable que la jueza analice qué consecuencias podría producir una reforma legal que, según su interpretación, puede incrementar la cantidad de personas sometidas al sistema.
Una cautelar, no una declaración de inconstitucionalidad
Este punto merece especial énfasis.
La resolución no declara la inconstitucionalidad de la Ley 27.801.
Tampoco resuelve definitivamente la compatibilidad de la norma con la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño o los restantes instrumentos internacionales mencionados.
Lo que dispone es una suspensión preventiva por sesenta días, durante los cuales convoca a una audiencia para que las autoridades provinciales informen qué medidas fueron adoptadas para implementar la ley, cuáles se encuentran previstas y cuál es el plazo previsto para su ejecución.
La resolución, por lo tanto, presenta una característica que no debería perderse de vista: la suspensión aparece concebida como una medida temporal y preventiva vinculada a la necesidad de conocer las condiciones concretas de implementación del nuevo régimen.
El aspecto discutible del razonamiento
Desde una mirada estrictamente objetiva, también existen aspectos que pueden generar debate.
La jueza sostiene que la aplicación de la nueva legislación producirá un aumento considerable de personas privadas de libertad, tanto por mayores ingresos como por una mayor permanencia.
Sin embargo, el propio fallo reconoce que ese aumento será progresivo y que llevará un tiempo evaluar cuál será finalmente el incremento efectivo de la población detenida.
Esto plantea un interrogante jurídico relevante: ¿hasta qué punto puede una medida cautelar de alcance provincial sustentarse en una proyección futura cuando todavía no existe certeza sobre la magnitud concreta del impacto que tendrá la nueva legislación?
La respuesta de la magistrada es el principio precautorio. Pero precisamente allí se encuentra uno de los puntos que probablemente genere mayor discusión jurídica: determinar cuál debe ser el grado de certeza o probabilidad exigible para disponer una suspensión general de una ley cuya aplicación acaba de comenzar.
No se trata de una objeción menor. Una cosa es intervenir frente a una vulneración concreta y acreditada de derechos; otra es suspender preventivamente la aplicación de una norma en todo un territorio ante el riesgo de que su implementación produzca determinadas consecuencias.
El otro gran interrogante: la capacidad institucional
La resolución también plantea indirectamente una cuestión de enorme trascendencia: ¿puede una reforma del régimen penal juvenil implementarse sin que exista previamente la infraestructura necesaria para recibir a la población alcanzada por ella?
La respuesta que surge del fallo es negativa.
La magistrada entiende que el Estado no puede ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para respetar los estándares constitucionales y convencionales aplicables a toda privación de libertad durante la adolescencia.
Esta afirmación excede el caso particular y coloca sobre la mesa un problema de política pública: la relación entre la decisión legislativa de ampliar el sistema de responsabilidad penal y la capacidad real del Estado para ejecutar esa decisión respetando los derechos fundamentales de las personas alcanzadas.
Un fallo que abre, más que cierra, el debate
La importancia de esta resolución quizás no radique únicamente en sus efectos inmediatos, sino en las preguntas que deja planteadas.
¿Puede aplicarse una nueva legislación penal juvenil sin ampliar simultáneamente la infraestructura destinada a alojar adolescentes?
¿Es suficiente la existencia de una ley para modificar el régimen de responsabilidad penal o resulta indispensable una adecuación previa del sistema institucional?
¿Hasta dónde puede llegar el principio precautorio cuando se encuentra en juego la aplicación de una ley?
¿Puede un tribunal suspender preventivamente una norma con alcance provincial sobre la base de las condiciones constatadas en determinados establecimientos?
¿Dónde se encuentra el equilibrio entre la protección de los derechos de los adolescentes, la potestad legislativa y las necesidades de seguridad de la sociedad?
Son preguntas que exceden ampliamente la decisión de un juzgado de Lomas de Zamora.
Una decisión que deberá ser analizada también desde el principio de división de poderes
El fallo introduce, inevitablemente, otra discusión institucional.
Cuando un tribunal suspende temporalmente la aplicación de una ley sancionada por el Poder Legislativo, el análisis no puede limitarse exclusivamente al contenido material de la norma. También corresponde examinar los límites y alcances de la intervención judicial, especialmente cuando la suspensión tiene alcance general dentro de una jurisdicción provincial.
En este caso, la magistrada fundamenta su decisión en la existencia de un riesgo que considera suficientemente serio frente a las condiciones actuales del sistema de privación de libertad juvenil.
La discusión jurídica que seguramente continuará será determinar si esos elementos resultan suficientes para justificar una medida cautelar de semejante alcance o si, por el contrario, correspondía avanzar mediante decisiones vinculadas a casos concretos y establecimientos determinados.
El propio fallo reconoce que muchas de las objeciones formuladas contra la nueva ley deberían ser examinadas en los casos particulares que se tramitan ante los distintos órganos judiciales.
Esa afirmación adquiere especial importancia al analizar el alcance de la propia medida adoptada.
Conclusión de Magazine del Derecho
Desde una perspectiva objetiva, la resolución presenta un fundamento preventivo claramente definido: evitar que una eventual ampliación de la población adolescente sometida al sistema penal genere una situación de hacinamiento y, como consecuencia, una vulneración grave de derechos fundamentales.
La jueza sustenta su decisión en normas constitucionales y convencionales y, particularmente, en su experiencia directa respecto de las condiciones existentes en establecimientos de privación de libertad juvenil. Finalmente, dispone una suspensión temporal de sesenta días y convoca a las autoridades provinciales para conocer las medidas adoptadas y planificadas para la implementación del nuevo régimen.
Pero la resolución también deja planteados interrogantes jurídicos de enorme importancia.
El principal consiste en determinar cuál es el límite entre la prevención judicial de una vulneración de derechos y la suspensión anticipada de una ley sobre la base de consecuencias que todavía no se han producido plenamente.
Ese será, probablemente, uno de los aspectos centrales del debate que se abre a partir de este pronunciamiento.
La discusión no debería reducirse a una confrontación entre quienes defienden una mayor severidad penal y quienes priorizan las garantías de los adolescentes. El verdadero desafío institucional consiste en determinar cómo compatibilizar la potestad del Estado para definir su política criminal con la obligación constitucional y convencional de garantizar condiciones dignas y adecuadas para toda persona privada de su libertad.
El fallo de Lomas de Zamora no parece cerrar esa discusión.
Por el contrario, la acaba de abrir.
CUADRO SINÓPTICO DEL FALLO
Ley 27.801 – Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil
Suspensión preventiva de la aplicación de la Ley 27.801 en la Provincia de Buenos Aires por 60 días.
Riesgo de una lesión grave, actual o inminente de los derechos fundamentales de los adolescentes privados de libertad.
La jueza considera que la nueva legislación puede generar un aumento de los ingresos y de la permanencia de adolescentes privados de libertad.
El fallo advierte que los dispositivos provinciales no contarían actualmente con condiciones suficientes para recibir una mayor cantidad de adolescentes.
No sería necesario esperar una vulneración efectiva de derechos cuando existen elementos que permiten prever razonablemente una situación grave.
Se convocó a las autoridades provinciales para informar sobre las medidas adoptadas y planificadas para implementar la ley.
¿Hasta dónde puede llegar la intervención judicial preventiva frente al riesgo de vulneración de derechos y cuál es el límite entre la protección judicial y la suspensión de una ley sancionada por el Poder Legislativo?
Editorial – Magazine del Derecho
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